Los empleados del Congreso esperan ansiosos la aparición del jefe de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero, para conocer precisiones sobre el acuerdo paritario que debe consumar el gremio con las autoridades de las cámaras para el segundo semestre.
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APL -gremio mayoritario del Parlamento, de fuertes relaciones con el exvicepresidente Amado Boudou y ahora con Gabriela Michetti y Emilio Monzó-, logró en marzo pasado un aumento del 10% para los trabajadores del Congreso. Hace unos meses presentaron juntos un polémico proyecto de AFJP paralela que activaría la succión de hasta el 4,5% de los sueldos para un fondo compensador destinado a jubilaciones de planta permanente. Luego, ese texto pasó a la clandestinidad.
Tras el acuerdo de marzo pasado, el sindicato recordó en un comunicado que "la política permitió la sensatez y la firmeza a la hora de negociar y discutir los aumentos salariales de 2016 y la decisión definitiva de fraccionarlo por semestre, para palpar de lleno el impacto inflacionario y el desarrollo de la economía en los salarios de las familias legislativas, permitiendo así por primera vez en 12 años cerrar paritarias antes que la Administración Pública Nacional".
En el comunicado además se destaca la reiteración de esa lógica para el corriente año y el primer tramo de aumento desde el 1 de marzo al 31 de julio -fue del 10%- "y una segunda instancia en los primeros días de agosto". Según pudo saber Ámbito Financiero, esa situación se demoró y provocó fastidio en empleados.
Di Próspero recibió en los últimos días una buena noticia de parte de la Justicia: desechó la denuncia de los empleados Néstor Molinari y Jorge Marchetti, quienes acusaron al líder de APL de publicar en la página institucional del sindicato un video -repicado en YouTube- y de haberlos señalado en un tono amenazante con las siguientes frases: "No son dignos de festejar el Día del Trabajador", "personajes siniestros", "son miserables", "no tienen escrúpulos", "se merecen el repudio de todos los trabajadores", "no podemos permitir que personajes que lucran políticamente con la fuente de trabajo de los compañeros sigan dando vuelta por el Congreso de forma totalmente gratuita" y "métanse conmigo, muchachos".
Di Próspero se enojó con Molinari y Marchetti por haber presentado una solicitud en 2016 para conocer la auditoría que Michetti ordenó sobre la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso (DAS), resultados que el Senado luego escondió. Ese estudio mostró -según contó este diario entre el 23 y el 27 de junio pasado-, por ejemplo, que la obra social utiliza un software de desarrollo propio basado en DOS que data de 1993 y contiene carencias varias, algunas de ellas significativas.
En los resultados se destacó que "la contabilidad se lleva en libros manuales y está 0% informatizada, incluso para fines de gestión interna", y que "los datos que surgen de los libros se vuelcan en planillas Excel para gestionar, con la consecuente demora y riesgos de integridad en el armado de la información". Además, los estados contables correspondientes al ejercicio 2015 no se encuentran presentados dentro del término correspondiente, y se sostiene que la situación patrimonial de la obra social al 31 de diciembre de 2014 "era deficitaria".
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