La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura decidió avanzar en la cruzada que el Gobierno entabló contra algunos jueces de la Cámara Federal a raíz del fallo en la causa Oil que sulfuró a la Casa Rosada. Tras dejar en manos de uno de los consejeros jueces la denuncia por la integración de la Sala I que pronunció esa sentencia, ayer Pablo Tonelli -la espada del PRO en el Consejo- fue designado instructor de la denuncia de Elisa Carrió contra Jorge Ballestero. Su primer reflejo fue ordenar que se remitan todas las declaraciones juradas patrimoniales del magistrado, incluyendo los anexos reservados. Esa documentación cuyo secreto se ampara en cuestiones de seguridad para los jueces, pasará a manos del consejero que deberá definir si convierte ese expediente en el inicio de un proceso de juicio político contra Ballestero, una de las opciones que el Gobierno se encargó de ventilar como una meta. La solicitud esquivó cualquier incidencia relativa a Eduardo Farah, que defendió públicamente sus decisiones judiciales y exigió al presidente Mauricio Macri que se informe antes de emitir sus críticas hacia los fallos.
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La presentación de Carrió encendió alarmas en Comodoro Py ya que apeló al antiguo fantasma de la presunción de posibles "intereses económicos" detrás de los fallos. La socia de Cambiemos fue más allá y deslizó posibles "créditos simulados" en la adquisición de una vivienda del magistrado.
Tonelli había sido crítico con el pedido de la Corte Suprema para investigar la integración de la Sala que llevó adelante el fallo que excarceló a Cristóbal López y Fabián De Sousa y modificó la calificación del delito por el que fueron procesados. Ballestero había sido prevenido de que el Gobierno iba por una vacante más en la Sala I, tras el juicio político en el que destituyó al camarista Eduardo Freiler. En el voto que emitió, no se privó de lanzar un dardo directo hacia Macri al hacer alusión a cuál sería el escenario si se aplicase la prisión preventiva a los empresarios cuyas causas en el fuero comercial llevaban años tramitándose. La Casa Rosada leyó que se hizo referencia a Correo Argentino. Ahora Tonelli deberá recopilar la información con un ojo puesto en cómo el devenir del expediente repercute en los tribunales de Retiro. De allí podrían solicitarle un descargo al juez, si avanza un posible intento de sanción.
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