La Comisión de Asuntos Constitucionales reactivó ayer el debate para modificar la ley de 2000, con los expedientes De Vido y Menem frescos.
Noqueado. Constitucionalistas rechazaron la idea de “renunciar” a los fueros sólo por una cuestión de mostrar buena fe y transparencia. Éstos no son atribuciones de los diputados, sino de la Cámara que representan.
El show que iniciaron el zigzagueante Sergio Massa (Frente Renovador) y el jefe del bloque PRO, Nicolás Massot, para renunciar a los fueros, fue pulverizado por un grupo de constitucionalistas que expusieron en la reunión informativa organizada para debatir sobre esta cuestión por el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli.
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"Sin perjuicio de valorar actitud heroica de algunos legisladores, creo que los fueros no son renunciables. Hay una razón práctica: no se puede renunciar a lo que no es propio. La garantía no se le otorga en razón de la persona, sino en razón de la función y del electorado", disparó Alberto Bianchi al disertar sobre esta cuestión.
La idea del serpenteante Massa también fue descartada incluso desde alguien cercano al Frente Renovador. "Los fueros pertenecen a la institución y son inherentes a garantizar el normal funcionamiento del Congreso (...) Son normas de orden público inderogables e irrenunciables de carácter imperativo", aseguró Jorge Vanossi, diputado del Parlasur en representación de UNA (el espacio en el que compitieron massistas y delasotistas para las elecciones 2015).
También se sumó Angélica Gelli, quien manifestó que "otorgar el desafuero o denegarlo es una atribución discrecional de la Cámara" y que, en definitiva, "se trata de que la cámara motive y fundamente su decisión".
Massa y Massot no dejaron de lado su reclamo para sacarse los fueros, un razonamiento muy alejado de la realidad ya que éstos no son de los legisladores sino de la cámara. Sin ellos, por ejemplo, un juez podría sin hacer un gran esfuerzo enturbiar una votación y darle más entidad a un país aún más trastornado.
De hecho, cuando ambos promocionaron "autoquitarse" los fueros, Massot recibió fuego amigo de parte de la secretaria parlamentaria del interbloque Cambiemos, la monzoísta Silvia Lospennato, quien acusó a los renovadores de llevar a cabo "una estafa mediática que burla a los ciudadanos".
Fue interesante el aporte de los constitucionalistas a dos iniciativas presentadas por Lospennato y la radical Brenda Austin, en cuanto a retocar la ley orgánica de partidos políticos para evitar precandidaturas a quienes tengan una condena en primera instancia por delitos contra la administración pública.
En su edición de anteayer, Ámbito Financiero mostró los puntos principales del proyecto de Austin, que busca desactivar las precandidaturas "en elecciones Primarias ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos nacionales, ni ser designados para ejercer cargos partidarios" a quienes hubieran sido condenados "en primera instancia" por los delitos de corrupción "hasta la revocación definitiva de la sentencia".
Ayer, por caso, Santiago avaló la sugerencia, pero aclaró: "Puede ser legítima la exclusión de quienes hayan sido condenados por delitos de corrupción para ser candidatos. Ya se hizo con delitos de lesa humanidad. Se podría extender a los delitos de corrupción, pero no estoy de acuerdo con que la exclusión se haga con solo un fallo de primera instancia. Por lo menos, debe haber una segunda instancia que lo confirme".
"No se le quita su presunción de inocencia como ciudadano, sino a los efectos de ser diputado de la Nación", opinó Bianchi, mientras que Gelli sostuvo que "no hay jurisprudencia de la Corte acerca de que con dos sentencias condenatorias se puede excluir a un candidato".
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