• PESE A QUE SE REANUDA LA ACTIVIDAD CON BATERÍA DE CAUSAS CONTRA EL KIRCHNERISMO, FALLOS CLAVE PASAN LEJOS DE COMODORO PY Corte Suprema concentra atención por sentencias previsionales que gravitan en las arcas públicas. Avanza táctica “escudo anticautelares” contra amparos colectivos por aumentos de tarifas. Lo visible: condenas para exfuncionarios K, inicio de juicios (no Cristina) y Odebrecht.
Cuarto piso. Los intereses de la Casa Rosada están centrados en las decisiones que puedan emanar del pleno de la Corte Suprema de Justicia donde todavía sufren la poca eficacia de los interlocutores para adelantar pronósticos.
El segundo semestre judicial (posferia) tendrá múltiples derivaciones de causas en curso pero dos grandes frentes identificables: lo que le importa realmente al Gobierno y todo lo demás. En el primer grupo se enlistan los fallos que como adelantó Ámbito Financiero- tengan impacto en las arcas públicas. Los de mayor peso están desfilando por las vocalías de la Corte Suprema y refieren al sistema previsional (validación o no del índice de movilidad que aplica la ANSES, impuesto a las Ganancias sobre los haberes y fórmulas de actualización). El resto, quedará concentrado en el intento oficial por desactivar amparos colectivos que puedan retrotraer el precio de las tarifas de servicios públicos. Sin estas dos cuestiones, no habrá "caja" con la que apuntalar el acuerdo con el FMI. En el esquema de prioridades, evitar bloqueo a la liquidación del Fondo de Garantías de Sustentabilidad y retrasar lo máximo posible la declaración de inconstitucionalidad de parte de la reforma previsional de diciembre pasado, integran el podio. Todo será sazonado con la siempre agitada agenda de Comodoro Py que también ofrece dos certezas: Cristina de Kirchner no irá a juicio en lo que queda del año y difícilmente modifique su panorama judicial más allá de detalles procesales. Varios de los integrantes de su Gobierno no correrán la misma suerte.
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Pese a que la atención pública girará en torno a las causas penales por delante como la inminente sentencia contra Amado Boudou en la causa Ciccone, o el pedido de condena para Julio De Vido en la denominada Once II- los operadores de la Casa Rosada intentan descifrar lo que ocurre en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. Sigue asustando la ausencia de interlocutores eficaces. Allí ya empezó a girar por los despachos el expediente que resume la catarata de sentencias apeladas por la ANSES sobre la fórmula de movilidad jubilatoria basada en la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) que la Justicia de la Seguridad Social considera ilegal y reemplaza por el ISBIC (Índice de Salarios Básicos de la Industria y Construcción). Septiembre es el mes que comenzó a sonar como probable para una decisión y en Balcarce 50 se desesperan por conseguir un mínimo de tres votos en la Corte. No son los únicos fallos previsionales en curso, incluida la impugnación a la reforma encarada por el Gobierno en diciembre pasado que se buscará dilatar hasta entrado 2019.
Pese a la "pax tarifaria" que animó al Gobierno a continuar sin pausa con los aumentos de servicios (pagando sólo costos políticos), lo cierto es que desde las audiencias públicas se arrastran causas colectivas por los precios del gas y de la luz. El relativo éxito oficial fue bloquearlas y enmarañarlas a la espera de que quede conformado un "escudo anticautelares" que concentre en la Capital Federal y más precisamente en el fuero Contencioso Administrativo Federal- cualquier posible amenaza a los nuevos cuadros tarifarios por vía judicial. Inquietó una noticia previa a la feria: un fiscal se pronunció para que una de las causas que se tramitan por amparos contra la suba de gas continúe en el juzgado federal del interior donde había comenzado. Si esta postura es avalada por la Cámara del Contencioso, la estrategia de la Casa Rosada puede desmoronarse como un castillo de naipes.
En el medio, la Corte convocó para el 29 de agosto a una audiencia pública por la expansión de Farmacity a la provincia de Buenos Aires. Se avizora un pronunciamiento a fecha prudente que, con cualquier resultado, significará un efecto colateral para la Casa Rosada, cuya identificación con una parte del pleito es azuzada por varios sectores interesados en jugar sus fichas políticamente.
Comodoro Py, activo
Mientras todo lo anterior ocurra, el panorama visible lo ofrecerán los tribunales federales de Retiro. Esta semana se reiniciarán los alegatos finales por el segundo juicio de la Tragedia de Once y De Vido será acusado con pena de prisión a definir antes de que termine agosto por querellas de familiares y de la Oficina Anticorrupción, además de la fiscalía. El 7 de agosto se reiniciarán las últimas palabras de los acusados por la compra de Ciccone y se dictará la demorada sentencia contra Boudou. En la misma fecha se retomará el juicio a José López por los bolsos con dinero que ya contó con insólitas demoras. Habrá una sentencia para el histórico juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA. El Tribunal Oral Federal N°4 juzgará a Lázaro Báez por lavado de dinero por u$s60 millones. Fecha probable de comienzo: octubre. La denominada causa "obra pública" que involucra a Cristina tiene la aspiración de fijar fecha para noviembre pero deberá atender los pedidos múltiples de adicionar prueba que puede causar retrasos. La expresidente verá como elevan a juicio otro expediente que la involucra por la operatoria de Los Sauces (en las próximas horas). Más allá de eso, llegará a 2019 sin mayores contratiempos judiciales de peso. Ni siquiera comenzó el juicio por la venta de dólares a futuro, el primero de la saga que fue elevado hace nada menos que 16 meses.
¿Será el segundo semestre de las revelaciones por Odebrecht? Por lo pronto comenzarán las indagatorias en la causa principal que puede causar heridas al kirchnerismo y al macrismo: el soterramiento del Sarmiento. Si llegarán o no pruebas desde Brasil sigue siendo un interrogante.
El Gobierno no la tendrá fácil con al affaire por los aportes de campaña. Al cúmulo de irregularidades que se siguen sumando, en la Casa Rosada no temen tanto que se active la causa en el juzgado de Sebastián Casanello como lo que podría hacer su par platense Ernesto Kreplak. En el fondo se aterrorizan de pensar que una esquirla mucho menos gravitante como una falta al Código Electoral pudiera inhabilitar a María Eugenia Vidal para buscar su reelección.
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