Control de daños: empresarios hasta ahora admiten “aportes de campaña” a los Kirchner

• ANGELO CALCATERRA SE PRESENTÓ EN TRIBUNALES, SE DECLARÓ ARREPENTIDO Y RECONOCIÓ PAGOSSánchez Caballero (IECSA) y De Goycoechea (Isolux) también dijeron haber sido “extorsionados” y facilitaron dinero negro, pero menos que el que anotó el chofer. Otros dos indagados siguieron la misma estrategia que no reconoce sobornos. Ya están en libertad. Otros dos fueron apresados. Tsunami a Circulo Rojo: exTechint, preso por pagos de 2008.

Angelo Calcaterra

Con una evidente sincronía y coordinación, cinco empresarios admitieron ayer haber hecho pagos ilegales a exfuncionarios kirchneristas pero sólo admitieron que se trataban de "aportes de campaña" que habían realizado bajo "extorsión". Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri y extitular de IECSA, marcó la sorpresa de la jornada presentándose ante el juez Claudio Bonadio con el pedido de convertirse en "imputado colaborador" y evitar un pedido de detención. Lo logró. Fue eximido de prisión, lo mismo que su segundo al frente de la constructora, Javier Sánchez Caballero, cuyo acuerdo fue homologado por el juez y consiguió la libertad. En la misma tanda abandonó la sede de Cavia y Figueroa Alcorta, Juan Carlos de Goycoechea, exCEO de Isolux, el primero en declarar que iba a aportar elementos a la causa. Otros dos indagados admitieron haber entregado dinero y un tercero quedó detenido por negarse a declarar y fue allanado por la Justicia. Pero el tsunami judicial lo provocó la detención del exdirectivo del Grupo Techint, Héctor Alberto Zabaleta, ligado a Paolo Rocca y señalado en el cuaderno del exchofer de Roberto Baratta como quien habría sido uno de los encargados de entregar bolsos con dinero, en 2008.

Fuentes judiciales no descartan otra inminente detención de un peso pesado de la construcción también implicado en la causa Aysa por pagos derivados de Odebrecht como la firma Supercemento. Por su parte, en ese caso Aldo Benito Roggio declaró por escrito y negó cargos. No habló de aportes de campaña

La "mise en scene" fue desplegada sin disimulo: admitir coincidencias con el contenido de los cuadernos del exchofer, minimizar monto de los pagos a cifras muy inferiores a las anotadas en los escritos, victimizarse como receptores de presiones por exfuncionarios y sostener que el destino era el inocente financiamiento de distintas campañas electorales kirchneristas. De otra forma, no liberarían los pagos para las obras en curso. Ninguno reconoció sobornos a cambio de beneficios en las licitaciones, lo que en definitiva mejora mucho no solo su propia situación sino la de la expresidenta Cristina de Kirchner como supuesta cabeza de una organización destinada a delinquir. Los cargos involucrados por pagos en negro para la política distan de la asociación ilícita que planteó el fiscal Carlos Stornelli en las imputaciones. Por ahora, en tribunales "compraron" el apuro que mostraron todos los representados por el estudio de Ricardo Rosental por cubrir el cupo de "arrepentidos". De Goycoechea, Sánchez Caballero y Calcaterra están representados por distintos abogados que integran el estudio que asesoró al propio Macri en el pasado. Aunque parezca improbable, en el Gobierno niegan que su admisión parcial de culpabilidad haya sido previamente negociada desde la Casa Rosada. En el entorno del empresario rechazan que haya sido el propio fiscal Stornelli el que le recomendó presentarse con la certeza de irse a pie de Comodoro Py.

"Yo le daba plata a Sánchez Caballero. Él pagaba por orden mía", señaló Calcaterra sobre las campañas 2013 y 2015 que quedó automáticamente imputado y eximido de prisión a la vez con la promesa de ampliar sus dichos como colaborador. Negó u$s8 millones y dijo que fueron de u$s100 a u$s200 mil en cuatro pagos semanales como máximo. Es una incógnita si revelará pagos a cambio de obras en las UTE de las que participó IECSA, algo que la estrategia de la defensa amagó con deslizar a futuro. Que varios referentes del oficialismo salieran a golpearse el pecho por la comparecencia del primo presidencial aventó la chance de creer en la espontaneidad del paso de Calcaterra por tribunales.

El cronograma de indagatorias que finalizará el lunes próximo tuvo ayer a otros dos empresarios que reconocieron pagos a exfuncionarios y aclararon que también fueron aportes para campañas electorales que habían sido exigidos por Baratta; Alejandro Ivanissevich, de Emgasud, y Manuel Santos Uribelarrea de la empresa UCSA siguieron el mismo libreto en sus declaraciones. Uribelarrea expuso que en 2015 Baratta lo llamó para tener una reunión y que en ese encuentro el entonces funcionario le pidió plata para la campaña electoral ese año. Entregó a su secretario Nelson Lazarte unos u$s100 mil en tres cuotas, una antes de las PASO y dos antes de las generales. Adujo que lo hizo "por el poder que tenían", aunque la firma no tenía contratos con el Ministerio de Planificación. Menos suerte tuvo Rodolfo Poblete, del Grupo Romero, que optó por negarse a declarar y quedó inmediatamente detenido con allanamientos a sus oficinas, una de las cuales Centeno describió como paradas en la recolección de dinero. Oscar Thomas sigue prófugo con pedido de exención de prisión. La rechazará Bonadio, quien ayer negó apartarse como había pedido Oscar Parrilli que tendrá que ir a quejarse a la Cámara Federal.

La cola del tornado adquiere su propia dinámica: el fiscal Franco Picardi pidió tener acceso a los "arrepentimientos" relativos a IECSA en la causa por el soterramiento del Sarmiento; el fiscal Eduardo Taiano analiza hacer lo propio en la causa de parques eólicos intermediados por firmas relacionadas a Socma. Esa causa une por dos vías a Isolux -con De Goycoechea- y a Ivanissevich a ambos lados de la operación. La última bala de Bonadio dirigida a Zabaleta pasa cerca de Rocca, uno de los máximos exponentes del Circulo Rojo al que Macri nunca terminó de digerir.