Córdoba volvió a la Corte para demandar a Nación

Hace exactamente un año, Córdoba presentó ante la Corte un primer reclamo por fondos adeudados por Nación a la Caja de Jubilaciones por $ 1.040 millones.

Córdoba - En medio de la puja política de cara a las PASO del 11 de agosto, el Gobierno de José Manuel de la Sota cruzó al Gobierno nacional con una nueva demanda ante la Corte Suprema de Justicia, esta vez para reclamar la restitución del 15% de coparticipación que la Casa Rosada retiene a las provincias desde 1992 para financiar el déficit del sistema de jubilaciones.

Es, en rigor, la segunda vez que la administración cordobesa lleva ante el máximo tribunal de Justicia una demanda por fondos, pero hasta el momento sólo lo había hecho por una deuda de $ 1.040 millones de la caja de jubilaciones, entre otros ítems.

Ahora, sumando tensión al escenario de confrontación electoral, De la Sota jugó una carta que tenía pendiente desde que la Legislatura aprobó la baja de la provincia al Pacto Fiscal, que hace 21 años firmaron los gobernadores con Nación para sustentar el sistema de jubilaciones y que, según el criterio de los mandatarios, debía haber caducado tras la estatización de las AFJP en 2008.

La normativa sancionada por los legisladores cordobeses en agosto pasado establece, en su tercer artículo, que el incremento de los recursos de la coparticipación generado "con motivo de la denuncia del acuerdo se afectará a cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones". Y agrega que "el remanente formará parte de los recursos que por ley se coparticipan con municipios y comunas".

La presentación fue realizada el viernes por el fiscal de Estado, Jorge Eduardo Córdoba, quien explicó que también se exigió la devolución de los fondos que "ilegalmente le fueron retenidos a la provincia" desde 2012.

Luego de derogar la adhesión de la provincia al Pacto Fiscal, el Gobierno de De la Sota intimó primero al Gobierno central y al Banco de la Nación para que cesen de inmediato en la detracción del 15%.

Pero ante la falta de una respuesta, el gobernador decidió activar el viernes la misma vía judicial que inició Hermes Binner cuando era gobernador de Santa Fe. Incluso, el exmandatario y actual precandidato a diputado nacional insiste en catalogar al Pacto Fiscal de "ilegal e ilegítimo".

Para Binner, la última prórroga de la ley, firmada en 1992, "venció en diciembre de 2005". "Y cuando se viola un derecho, no podemos sentarnos a esperar", advirtió, y pidió "no renunciar a un derecho que es de todos los santafesinos".

Sin embargo, la aspiración parece difícil de concretar, ya que, según recalcan desde la Casa Rosada, para renunciar a ese entendimiento general debe haber un acuerdo entre las 24 jurisdicciones del país.