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Corte convocó a Boudou y a Schiaretti por deuda
Juan Schiaretti
Para ese día fueron citados el mandatario mediterráneo y el ministro de Economía nacional, Amado Boudou, quien ya de hecho se había sumergido en el conflicto en 2008, en sus tiempos de titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Los antecedentes para Córdoba, en ese sentido, no son buenos: en aquella oportunidad, Boudou sentenció que el reclamo de Córdoba «no es válido» porque «no hay deuda», al considerar que el Estado provincial no cumplió con el compromiso de armonizar su régimen jubilatorio con el nacional.
No obstante, Schiaretti -distanciado de la Casa Rosada por su apoyo a la embestida del campo y su posterior decisión de presentar lista propia en los comicios del 28 de junio- se mostró confiado.
Mirada
«No tengo duda de que la razón y el derecho nos asisten a los cordobeses», sostuvo, además de considerar que la demanda presentada como provincia «va prosperando» y que por eso la Corte Suprema activó la audiencia pública.
La medida del máximo tribunal fue resuelta en su habitual reunión de los martes, y se da en el marco de una causa en que la provincia embiste contra la Nación por presuntos incumplimientos en el convenio 83/02 de transferencia del sistema jubilatorio mediterráneo al Estado nacional.
De esta manera, la Corte abre camino a una potencial instancia de negociación, tras la presentación de pedido de medida cautelar por parte de la provincia.
Según fuentes judiciales, la audiencia se resolvió «para evitar demoras que hubieran producido los traslados a las partes, ya que en el pedido de la medida cautelar se alude al riesgo que corre la paz social en la provincia».
Según el Gobierno de Schiaretti, la deuda que el Estado nacional mantiene con Córdoba asciende a más de 1.220 millones de pesos, generados desde 2002 hasta el 31 de diciembre de 2007 y que forman parte del convenio de Armonización y Financiamiento del Sistema Previsional, firmado en 2002, durante la presidencia de Eduardo Duhalde.
Para el máximo tribunal, el reclamo encuentra su fundamento «en la asistencia que estaría obligado a prestarle con el objetivo de paliar el déficit de la caja previsional cordobesa».
«La actora interpreta que la Nación debería financiar el déficit global de su sistema previsional, en lo que respecta a los regímenes no transferidos a esa jurisdicción», afirman desde la Corte.


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