El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego le quitó a los municipios la potestad de cobrar el impuesto inmobiliario y decidió traspasar este poder a manos del gobierno provincial, en medio de las tratativas que se llevan adelante en el distrito para adherir al denominado "consenso fiscal", suscripto con el gobierno nacional.
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De esta forma, el tribunal fueguino se pronunció en una "acción declarativa de certeza" presentada por la gestión de Rosana Bertone a fines de 2016, para que la Corte resolviera si la percepción del tributo, históricamente en manos de las municipalidades, le correspondía a la provincia.
El fallo llegó en un momento sensible en la provincia, porque Bertone y los intendentes de Ushuaia, Walter Vuoto, y de Tolhuin, Claudio Queno, suscribieron un acuerdo que, entre otros puntos, establece la adhesión a un órgano de catastro federal que producirá un revalúo de las propiedades de Tierra del Fuego a los efectos del cobro del inmobiliario.
Si bien el acuerdo dejó a salvo que se cumplirá con independencia de la resolución del pleito judicial, la resolución de la Justicia vuelve a poner en la mesa un tema que generó meses de discusiones entre Bertone y los intendentes.
La provincia pretende asumir la potestad del cobro pero sin generarle un perjuicio económico a los municipios. Para ello propone respetarle los montos que se recaudan con el sistema vigente, y coparticipar el "excedente" que se produzca al modificarse la base imponible con el revalúo de las propiedades.
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