Los jueces del Tribunal Oral Federal N°9 pisaron el acelerador más a fondo de lo que debían y anunciaron la preparación de un megajuicio contra Cristina de Kirchner. Antes, la Cámara de Casación Penal se había apresurado a sortear las causas recientemente elevadas como el Memorándum con Irán, el direccionamiento de obra pública en Santa Cruz y el lavado de activos que involucra a Lázaro Báez. Por azar del sorteo informático y de la conexidad, todo quedó bajo la órbita del novel TOF N°9. Pero todos olvidaron que había un requisito formal, previo a dar por sentado que era un tribunal que estaba habilitado: una Acordada de la Corte Suprema que como cabeza del Poder Judicial lo pusiera en funciones. Ayer, el máximo Tribunal, en una dura (y dividida) decisión de sus miembros cuestionó todo el proceso por el cual el Consejo de la Magistratura "trasplantó" un tribunal entero de la Justicia nacional al fuero federal, le asignó causas y luego le pidió a la Corte que solo lo certifique. La resolución adoptada ayer por la mayoría constituye un cimbronazo puertas adentro de Comodoro Py, con réplicas a nivel político. Por lo pronto, la marcha atrás implica que todas las causas que le asignaron al TOF N°9 deban ser nuevamente sorteadas.
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Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti rechazaron convalidar a los jueces Alejandro Nocetti Achaval, Silvia Mora y Alejandro Becerra como jueces federales, tal como surgió luego de la decisión del Consejo de aprobar su transformación desde la Justicia "ordinaria". El marco legal fue la llamada Ley de Fortalecimiento de los Tribunales Orales, cuyo "ruido" Ámbito Financiero había anticipado el 22 de mayo de 2017. Había una subterránea resistencia interna de la "Superliga" de jueces federales a admitir la elección del Gobierno para cubrir estos cargos, pasando por alto el procedimiento de concursos y aval del Senado.
La Corte tomó nota de esto, y en lo sustantivo exhortó a "que se practique, de forma urgente, un nuevo sorteo de dichas causas" y analizaron que los "traslados" mencionados en la ley eran en rigor "nuevos nombramientos". Tampoco pasó por alto que Casación avanzó con el procedimiento y aseguró administrativamente que todos los requisitos para que el TOF N°9 funcionase se hallaban cumplidos, sin el consentimiento previo del máximo Tribunal. Le recordó que de "ningún modo" puede un tribunal ser incluido en la nómina de sorteos sin que sea la Corte la que dé el guiño final. "Implicó un indebido avance sobre las atribuciones de superintendencia de este Tribunal", reprendieron. En la Acordada, tampoco soslayaron el hecho de que los tres jueces que desembarcaron en Comodoro Py habían sido seleccionados para otra función, no fueron escogidos por el Ejecutivo y sus pliegos no pasaron por el Senado a pesar de sercatapultados por el Consejo.
"Queda descartada la designación permanente de magistrados que ya ostentan tal calidad para ejercer en un tribunal con una competencia específica, en otro tribunal con otra competencia radicalmente distinta bajo la forma de una ´transformación´ o un ´traslado´", indicaron. Este párrafo podrá tener singular importancia a futuro, dado que el Gobierno ha impulsado una serie de movimientos de jueces en lugares estratégicos. Deslizaron, que todo el proceso de designación legal de un juez es para evitar "favoritismo presidencial", y asegurar su independencia. El mensaje de la mayoría tuvo una detonación simultánea para el Ejecutivo como para Casación. Y no estuvo exento de internas, dado que Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco se inclinaron por que se rehagan los concursos pero que los jueces estaban habilitados para continuar. Highton en su voto validó el artículo que ella misma tachó de inconstitucional en su demanda para permanecer más allá de los 75 años en su cargo. A último momento, uno de los supremos mutó de postura y acompañó la propuesta que terminó siendo mayoritaria ante las posibles repercusiones que quedaron de manifiesto en la inédita acordada de 30 carillas.
Para rematar el revés al proyecto del oficialismo, la Corte señaló que los tribunales orales ordinarios no pueden ser equiparados con los federales por más que ambos sean jueces de juicio. Además, mencionaron que el consentimiento que prestaron los tres magistrados para saltar de categoría podría entenderse en el marco de algún contubernio. No solo fulminó el Tribunal como tal, sino que la Corte dejó ayer en letra muerta la ley que habilitaba la mudanza de jueces, con un mensaje envenenado para la Casación y para la Casa Rosada.
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