Corte pide por edificio (y el Gobierno se lo presta)

• Es para la nueva casación penal ordinaria.• Hay diez jueces nombrados (falta que Lorenzetti les tome juramento)

Ricardo Lorenzetti

La Corte Suprema de Justicia exhortó ayer al Consejo de la Magistratura con el objetivo de acelerar los tiempos de la puesta en funciones de la nueva Cámara de Casación Penal ordinaria. Se trata de un asunto clave en el actual contexto presupuestario del Poder Judicial. Los ministros le requirieron al cuerpo colegiado la adquisición de un edificio donde deben ejercer 10 jueces cuyo trámite para ascender comenzó en 2008. Tal como adelantó este diario, dichos magistrados enviaron una nota formal a la Corte que dominó gran parte del acuerdo que los ministros celebraron ayer al mediodía.

La Corte se encuentra en medio de una conversación con la Magistratura y con la Jefatura de Gabinete para terminar de definir el esquema que permitirá pagar todos lo sueldos del Poder Judicial, incluidos los 10 cargos cuya activación se ve demorada.

"Los tiempos para la puesta en funciones son los normales desde el Consejo, lo que pasa es que el Poder Ejecutivo tardó cinco años en aprobar los pliegos", resumió ayer uno de los justices con el objetivo de cristalizar una duda que comparten todos los ministros sobre la demora en el procedimiento.

Todo comenzó en 2008. El Gobierno anunció, con el habitual estilo jolgorioso, la creación de una instancia de Casación para juzgar delitos ordinarios. Se puso en marcha el concurso y el resultado fue una terna heterogénea, donde conviven representantes de la corriente Justicia Legítima, como María Laura Garrigós de Rébori hasta representantes de los sectores conservadores como Carlos Mahiques. Estos nombres -y ocho más- llegaron a Balcarce 50 y pasó un lustro hasta que en noviembre Amado Boudou, en poder de la presidencia, firmó los decretos correspondientes. En diciembre fueron recibidos por Ricardo Lorenzetti quien les prometió ponerlos en funciones lo más rápido posible.

Pero ahora la impaciencia por parte de algunos de los nombrados es absoluta. Quieren entrar en funciones en forma inminente al punto que Garrigós de Rébori llegó al extremo de pedir que le tomen juramento antes de contar con un edificio en el cual trabajar. "Eso es imposible porque una vez que el cargo queda habilitado empiezan a llegar expedientes y no hay forma material de darles tratamiento ya que no hay personal ni edificio".

La actitud de Garrigós de Rébori enerva a algunos de los ministros. Es entendible: fue una defensora absoluta de la reforma judicial y sostuvo en reiteradas ocasiones que el Consejo de la Magistratura debía ostentar la administración del Poder Judicial pero sin embargo, al momento de realizar planteos, decide llevarlos a la Corte como si allí estuviera la posibilidad de conseguir un edificio. En el mes de diciembre, en un arrebato de entusiasmo, le llegó a solicitar al entonces presidente de la Casación federal, Gustavo Hornos, que activará el trámite para el juramento.

Los integrantes de la nueva Casación tienen un punto a favor que es decisivo para sus aspiraciones: en el Presupuesto para este año que elaboró la Magistratura está contemplada la activación de la Casación ordinaria.

El problema es el edificio. Si bien ya se descuenta que el Ejecutivo cederá un espacio en Talcahuano y Tucumán, la puesta en marcha es más espinosa. El Ministerio de Justicia le dará a la Magistratura una cesión de uso de esas oficinas pero luego debe desarrollarse un trabajo de acondicionamiento y habilitaciones que puede tomar meses (luego hay que nombrar a todo el personal que asumirá funciones en la nueva Cámara).

Esta cesión confirma la buena voluntad imperante desde hace algunas semanas en el ánimo del Gobierno. Tendencia que se pondrá a prueba una vez más el 8 de abril cuando el administrador general de la Corte, Héctor Marchi presente un libro titulado "La Gestión Pública: presupuestos judiciales en las cuentas nacionales".

Una ocasión ineludible para conocer algo más sobre cómo piensa y qué visiones tiene un funcionario clave y que oficia como alter ego de Lorenzetti. Es este hombre quien terminará de definir, junto a Jorge Capitanich, la cuestión presupuestaria del Consejo.