Corte porteña negó un reclamo de empresa

El Gobierno porteño zafó de pagar una indemnización a la empresa concesionaria del servicio de revisión técnica de automóviles, como consecuencia de un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad que resolvió una causa con 21 años de antigüedad. La máxima instancia judicial de la Capital Federal rechazó un pedido de resarcimiento presentado por primera vez en 1992 por la Sociedad Argentina de Control Técnico de Automotores (Sacta), que alegaba entonces incumplimientos de contrato por parte del municipio.

La resolución del tribunal confirmó los fallos en la misma línea del fuero en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Justicia porteña en primera instancia, en 2007, y en la Sala II de la Cámara, en 2010. El contrato original data de 1990, durante la gestión de Carlos Grosso como intendente de la Ciudad, en tanto que la demanda de Sacta arrancó a fines de 1992, cuando ya estaba a cargo de la jefatura comunal su sucesor, Saúl Bouer.

Entre los reclamos de la compañía figuraban "la falta de adecuación tarifaria" del servicio prestado y "la merma en la concurrencia de vehículos" que Sacta atribuyó a una normativa aplicada por la entonces Secretaría de Transportes.

La empresa incluyó en su queja los perjuicios que alegó haber sufrido como consecuencia de la ley de Convertibilidad, primero, en el Gobierno de Carlos Menem, y en una ampliación que presentó, tras la denuncia original, incluyó los ocasionados por la devaluación de 2002. Al respecto, en el voto de mayoría los magistrados dijeron que los perjuicios no fueron diferentes de los sufridos por el resto de los ciudadanos.

Según la Sacta, el manejo en el área por parte de la administración porteña le ocasionó una supuesta "quiebra de la ecuación económica financiera". La jueza Alicia Ruiz, en el voto de mayoría, sostuvo que el plazo de concesión fue fijado en 10 años con dos prórrogas eventuales de cinco años cada una, y que la compañía prestó su aval a esa cantidad de tiempo, a pesar de haberla objetado en la demanda.

En la misma línea que Ruiz se pronunciaron los magistrados Ana María Conde y José Osvaldo Casás, que por su parte rechazaron los planteos de la empresa orientados a sumar elementos posteriores a la demanda de 1992 y alegaron, además, que durante la vigencia del contrato hubo una revisión "que aparejó la correspondiente actualización de las tarifas y obligación del concesionario a realizar inversiones". El Tribunal sostuvo, además, que no hubo cláusulas que garantizaran margen alguno de rentabilidad. En cambio, el juez Luis Lozano votó a favor de hacer lugar a la demanda de Sacta.