Corte saca del radar fallo por inconstitucionalidad de Consejo de la Magistratura

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• SE DILUYE DEFINICIÓN CLAVE PARA EL ÓRGANO DE SELECCIÓN Y REMOCIÓN DE JUECES
Máximo Tribunal concedió prórroga que solicitó Procurador Casal. Dará tiempo al Congreso para que sancione una reforma. Solución intermedia.

La Corte Suprema de Justicia no tratará el caso sobre la presunta inconstitucionalidad de la actual integración del Consejo de la Magistratura, apartando del radar de prioridades un fallo que podría cambiar el escenario político-judicial y el equilibrio de fuerzas en el órgano de selección y remoción de jueces. No, al menos, en el corto plazo. La cuestión ya fue conversada de manera informal entre los ministros del máximo Tribunal que coincidieron en darle tiempo al Congreso Nacional para sancionar un nuevo diseño del cuerpo, en base a los proyectos que ya presentó el oficialismo, con auspicio de los colegios de abogados y del Ministerio de Justicia. A los bloques parlamentarios tampoco los desvela el tema: en el nuevo esquema ningún sector puede ganar alguna banca que se ponga en juego. En el Senado, los tanteos iniciales con el PJ arrojaron que incluirían modificaciones a la redacción original, lo que retarda la negociación. Si la cuestión se dilata en el tiempo, desde el cuarto piso del Palacio de Tribunales podrían innovar en una nueva categoría de sentencias: ratificar la inconstitucionalidad de la reforma de 2006, pero mantener vigente su legalidad y funcionamiento, hasta que se ejecute una reforma de fondo.

El primer indicio del ingreso al letargo de un fallo considerado clave para el mundo judicial fue el pedido de prórroga solicitado por el procurador interino Eduardo Casal. Había sido convocado dictamen en mano- para la reunión de Acuerdos de la Corte, el pasado 15 de mayo. Ámbito Financiero había destacado la relevancia de esa convocatoria que presionaba también al Congreso para acelerar el tratamiento de los proyectos de modificación que tenía en carpeta. La última convocatoria presencial, de ese estilo, fue a Alejandra Gils Carbó para que se pronuncie sobre la validez de la Ley de Subrogancias (luego vetada por la Corte) en octubre de 2015. Se esperaba que una vez oída la opinión de la Procuración, los jueces supremos estuvieran en condiciones de pronunciarse en un plazo acotado. Sin embargo, la prórroga fue aceptada en tres líneas y la Corte desactivó el calendario previsto para una eventual toma de posición en un litigio que ya cumple los 12 años, y cuyo último movimiento fue la declaración de inconstitucionalidad, días antes de que Cristina de Kirchner abandonara el poder.

El expediente estuvo congelado por un año, luego de que el kirchnerismo apelara y Cambiemos no retirara ese pedido de revisión a la Corte, sino que pidiera una suspensión de los tiempos procesales. Al final, la cuestión escaló al máximo Tribunal y a fines del año pasado, el Colegio Público de la Capital Federal (CPACF) y el Colegio de Abogados de la Ciudad presentaran en conjunto un nuevo texto destinado a suplantar la reforma que la expresidente había impulsado en sus tiempos de senadora. Como había adelantado este diario, el nuevo esquema pretendía un aumento del número de miembros del Consejo de la Magistratura de 13 a 16, con el anunciado propósito de darle mayor representación a abogados (dos bancas) y jueces (una banca, pero con el requisito de que dos "federales" tengan lugar asegurado). Este diagrama no termina por convencer a los legisladores, en el eterno debate por el funcionamiento del órgano de control político del Poder Judicial.

A esto se agrega que la endémica situación de parálisis por tensión política que ha históricamente atravesado el Consejo fue revertida en la presidencia del abogado Miguel Piedecasas. "Con críticas o acuerdos, se mueve", fue la conclusión a la que arribaron operadores de la Justicia que observaron la conformación de una mayoría de inclinación oficialista, pero el avance de expedientes contra jueces y de auditorías de tribunales. Sin embargo, de fondo la pelea es por dinero: el Consejo tiene a su cargo una de las "cajas" más ambicionadas de la administración pública y establece una suerte de cogobierno con la Corte.

Si hoy se ratificara la inconstitucionalidad de la actual conformación, sin una fórmula de reemplazo, se regresaría a un Consejo de 20 miembros, con la presidencia en manos del titular de la Corte, (hasta fin de año) Ricardo Lorenzetti. Por eso, una fórmula intermedia que recorrió los pasillos del cuarto piso apunta a resolver el pleito judicial sin alterar el funcionamiento del Consejo. Al menos, hasta que la política resuelva el dilema de su integración, algo que parece de largo plazo y podría extenderse más allá de este año.

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