Corte se cruza con el Gobierno por sueldos

La Corte Suprema de Justicia salió ayer a responder al paro convocado para hoy por el sindicalista de los judiciales, Julio Piumato, a través de un escrito firmado por el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, que señaló al responsable por la falta de implementación del acuerdo salarial fijado en octubre pasado: el Poder Ejecutivo, que todavía no ha liberado las partidas para implementarlo.

En un escrito breve firmado únicamente por Lorenzetti, el titular de la Corte se dirigió al actual jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, para que modifique las partidas correspondientes del Presupuesto y así poder implementar la actualización acordada con la Unión de Empleados de la Justicia. Los aumentos fijados indican un adicional del 5% por Capacitación y Formación Profesional, y una incentivo del 5% por Mejoras al Servicio de Justicia para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial.

Los aumentos, sin embargo, aún no han podido ser implementados porque el Ejecutivo no liberó las partidas necesarias, a pesar de que este poder tiene los recursos necesarios para aplicarlos, según se detalló en el escrito. El pedido de Lorenzetti se conoció un día antes del paro nacional que el moyanista Piumato convocó para hoy y que estará acompañado por una movilización frente al Palacio de Justicia.

El sindicalista explicó a través de un comunicado que la pauta salarial para 2011 «consistió en el pago de un incremento salarial de un 10% retroactivo al 1 de marzo y un 10% acumulativo al 1 de mayo, quedando pendiente completar la etapa final de la pauta salarial, acordada en otro 10%».

A pesar de la convocatoria, Piumato matizó la medida al admitir que «el trámite de autorización de la partida presupuestaria correspondiente para otorgar el pago a dicho aumento presentaba retraso y dificultades debido al proceso de recambio institucional, lo que acarreaba dilaciones». Estas explicaciones no fueron suficientes para el gremio, por lo que «la comisión directiva nacional decretó estado de alerta y movilización, en espera de la pronta resolución del tema».

Pero la Corte tomó sus propias cartas en el asunto y señaló a través del escrito a quiénes debía dirigir sus reclamos la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, uno de los gremios más alineados con el kirchnerismo, al menos hasta el discurso de Hugo Moyano de la semana pasada. En la página oficial del máximo tribunal, los términos fueron todavía más claros respecto de la relación del Ejecutivo en el conflicto, ya que se señaló que la Corte «insistía» en el pedido de partidas, ya solicitadas el 18 de octubre pasado, y que no había «obtenido respuesta».

En este comunicado también se precisa que el tribunal tratará hoy en su reunión de acuerdo el problema y recordó que esta decisión fue adoptada porque «corresponde con los aumentos que se vienen implementando desde hace tres años enfocados en una mejora gradual del ingreso».

En el mar de fondo de este cruce de comunicados, medidas de fuerza y pedidos se encuentra un reclamo histórico del Poder Judicial que cada año gana más fuerza: la necesidad de tener autarquía financiera. Tanto la Corte como las asociaciones de magistrados y los tribunales superiores de todo el país insisten en que la Justicia debe tener la capacidad de disponer de su propio presupuesto sin depender de la adjudicación de partidas del Ejecutivo.

Este reclamo fue recordado la semana pasada en la cena de la Asociación de Magistrado, en la que su presidente, Luis Cabral, insistió en este tema para fortalecer la independencia de los jueces. También es uno de los temas principales fijados en las reuniones de jueces, convocadas todos los meses por la Junta Federal de Cortes, presidida por Rafael Gutiérrez, y por la Corte. Hasta el momento, los jueces no lograron un objetivo, que promete más de un cruce con el Gobierno en el mandato que comienza.