Corte y Magistratura hacen las paces

El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, el titular del Consejo de la Magistratura, Luis María Bunge Campos, y la vicepresidenta del tribunal, Elena Highton de Nolasco, pautaron medidas conjuntas para acelerar los procesos judiciales.

La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura se reunieron ayer para analizar la aceleración de juicios, luego de los cruces entre los diferentes poderes que se produjeron en las últimas semanas respecto de las demoras en la Justicia. Un encuentro en el que se coincidió en metas conjuntas, y también en limitaciones: ambos dependen del Poder Ejecutivo para que autorice cuestiones clave, como la autorización de partidas y la designación de jueces.
En un encuentro que ambos organismos calificaron de «muy ameno» el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, la vicepresidente, Elena Highton de Nolasco, y el titular de la Magistratura, Luis María Bunge Campos, discutieron diferentes medidas y plazos respecto del plan de informatización judicial (que se presentará el próximo martes), un proyecto edilicio general y la designación de jueces, iniciativas que dependen en gran medida del Poder Ejecutivo: tanto la autorización en la designación de partidas como las definiciones sobre las listas de jueces subrogantes deben ser dispuestas por la jefatura de Estado, inmersa en la campaña electoral. De hecho, el jefe de Gabinete todavía no ha elevado al Congreso la nota que readjudica las partidas acordadas con la Corte hace dos semanas, para la creación de 700 puestos de personal.
Bunge Campos fue recibido por el tribunal en pleno (había pasado la reunión de acuerdo de los martes por el feriado), para luego comenzar el encuentro específico con Lorenzetti y Highton. Tanto en la Corte como en la Magistratura hay un especial interés en demostrar que no hay ningún tipo de conflicto entre ellos y que hay absoluta coincidencia en los objetivos a cumplir como cabezas del Poder Judicial. Vuelta de página para algunas querellas menores entre ellos (ciertas declaraciones de Lorenzetti, ciertos dichos en el Consejo), porque la intención de los dos presidentes es impulsar el diálogo y el trabajo conjunto entre los dos organismos.
Durante el encuentro, se abordaron temas referidos a la aceleración de los juicios en general -incluyendo los de lesa humanidad-, jubilados, comerciales, laborales, civiles, penales. Además, se acordó que el Consejo trabajara en la creación de nuevos cargos para atender el creciente nivel de litigiosidad, así como el diseño de un programa de reestructuración edilicia y el lanzamiento de la licitación del plan informático del Poder Judicial.
Si bien las metas son compartidas, los tiempos de la Corte y de la Magistratura son distintos, tienen mecanismos de decisión diferentes. En ese sentido, Bunge Campos señaló durante la reunión algunas restricciones sobre los plazos que solicita la Corte, porque la mayoría de las medidas deben ser determinadas por el cuerpo. Y si no hay quórum, no se puede avanzar. Menos en un año electoral, teniendo en cuenta que casi la mitad de los consejeros son legisladores. Desde el Consejo, sin embargo, afirmaron que este año mejoraría el funcionamiento, sobre todo por el hecho de que la mayoría de los presidentes de comisiones no pertenecen al estamento político y, por lo tanto, no están en campaña.
El problema es otro: el Ejecutivo. En este punto también coinciden la Corte y el Consejo. «Si aceptamos la lógica de la política, la Corte se paraliza cada dos años», indicaron desde el máximo tribunal, mientras que desde la Magistratura destacaron que, a pesar de haber un excelente diálogo con la Corte, no se sabe «qué va a pasar este año; si el Ejecutivo va a dar respuesta a algo». Agregaron que el encuentro también había tenido por objeto «marcar la cancha» y demostrar que el Poder Judicial estaba trabajando, Con sus limitaciones, claro, porque todo plan que estipule la Magistratura y todo pedido de partida que efectúe la Corte dependen, al fin de cuentas, de la autorización de la jefatura de Estado. Las listas de subrogantes están confeccionadas, el plan edilicio está encaminado, los objetivos están planteados, pero falta la definición del Ejecutivo, en plena campaña.