La construcción de una nueva infraestructura eléctrica para abastecer al proyecto Vicuña -en particular a Josermaría- abrió un intenso debate regulatorio en San Juan. Este miércoles se realizó la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para analizar la solicitud de acceso y ampliación de la capacidad de transporte presentada por Vicuña Corp., empresa que desarrolla el proyecto cuprífero ubicado en el departamento Iglesia.
Línea eléctrica para Vicuña: se realizó la audiencia pública por el acceso a la capacidad de transporte en San Juan
Vicuña defendió la ampliación de la red de 500 kV para abastecer el proyecto Josemaría, mientras que Los Azules y el EPRE plantearon objeciones sobre la asignación de capacidad y el acceso abierto a la infraestructura. El ENRE deberá ahora analizar las exposiciones y emitir su resolución final.
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A la izquierda de la imagen se observa parte del yacimiento de cobre Josemaría. A la deracha, con las cumbres nevadas se ven los cerros de La Rioja, fuera del proyecto Vicuña.
La discusión giró alrededor de una obra estratégica para el futuro energético y minero de la provincia: una nueva red de transporte en 500 kV que permitirá abastecer una demanda inicial de 260 MW para Josemaría, aunque con perspectivas de crecimiento hacia los 400 MW y hasta 700 MW en etapas posteriores.
Sin embargo, más allá de los aspectos técnicos, la audiencia dejó en evidencia diferentes posiciones respecto de cómo debe asignarse la capacidad de transporte futura y cuáles deben ser las condiciones para garantizar el acceso de otros emprendimientos mineros al sistema eléctrico.
Una obra clave para el desarrollo minero
La solicitud analizada contempla una serie de obras de gran magnitud, entre ellas la construcción de una línea de extra alta tensión de 500 kV entre Rodeo y Chaparro de aproximadamente 167 kilómetros, nuevas estaciones transformadoras y la adecuación de instalaciones existentes para integrar el proyecto al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
Según explicó Adriel Rizzato, representante de Vicuña Argentina, la infraestructura es una condición indispensable para viabilizar la construcción y futura operación de Josemaría. "La energía eléctrica es una condición habilitante. Para avanzar hacia la construcción y factibilizar la operación, Vicuña requiere de infraestructura de transporte eléctrico con capacidad suficiente y disponibilidad asegurada", sostuvo.
Durante su exposición, el ejecutivo destacó que se trata de una operación minera "electrointensiva" y que la infraestructura existente no permite abastecer una demanda de esta magnitud sin realizar ampliaciones.
Rizzato remarcó además que las obras no tendrán un beneficio exclusivo para Josemaría sino que quedarán incorporadas al sistema nacional. "Una vez habilitadas, las obras en 500 kV se integrarán al SADI y formarán parte de su infraestructura permanente operada por Transener", señaló.
Desde la compañía argumentaron que la nueva infraestructura incrementará la capacidad de transporte disponible, mejorará la confiabilidad del sistema provincial y permitirá futuras conexiones de otros proyectos mineros y de generación renovable. Se estima que la inversión total podría rondar los u$s800 millones.
El punto más controvertido: la prioridad de acceso
La principal discusión no estuvo vinculada a la construcción de las obras sino a la prioridad de uso de la capacidad adicional que generará la ampliación.
Vicuña sostiene que, como promotora y financiadora de la infraestructura, debe contar con prioridad sobre la capacidad incremental creada por esas inversiones.
La empresa aclaró que esa prioridad no implica exclusividad sobre el sistema ni vulnera el principio de acceso abierto que rige el mercado eléctrico. "La prioridad de uso solicitada por Vicuña es un aspecto específico del régimen de ampliaciones. Se refiere exclusivamente a la capacidad incremental generada por obras determinadas promovidas y financiadas por quien origina la necesidad de la ampliación", afirmó Rizzato.
Según la compañía, el esquema solicitado es consistente con el marco regulatorio vigente y resulta necesario para garantizar la viabilidad económica y financiera de una inversión de esta magnitud.
La oposición de Los Azules
La postura más crítica fue presentada por Andes Corporación Minera, titular del proyecto de cobre Los Azules, en Calingasta. A través de su gerente de Ingeniería, Miguel Gil Pugliese, la compañía cuestionó la asignación de capacidad prevista en la Resolución 79/2026 y reclamó una revisión del criterio utilizado.
La empresa sostuvo que Los Azules ya cuenta con habilitación firme como agente del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), estudios eléctricos presentados y un cronograma de inversiones aprobado por el Estado nacional, por lo que considera que la decisión afecta directamente sus posibilidades futuras de conexión.
Durante la audiencia, Gil Pugliese cuestionó la metodología empleada para definir la capacidad asignada a Vicuña. "Asignar el noventa por ciento de un setenta y uno por ciento de un número que no fue auditado, bajo una hipótesis que la propia CAMMESA reconoce como simplificada, y por veinticinco años, no es regulación. Es transferir un activo público a un privado sin fundamento técnico verificable", afirmó.
La empresa planteó además que la planificación del sistema debería contemplar un esquema multiusuario que permita compatibilizar el crecimiento simultáneo de distintos proyectos mineros. "Nuestra oposición no busca obstaculizar el desarrollo de ningún emprendimiento. Promovemos un esquema técnico, proporcional y multiusuario que permita compatibilizar los distintos proyectos", señalaron desde la compañía.
En esa línea, Los Azules solicitó que el ENRE revise el artículo 9 de la resolución vigente y advirtió que, de no modificarse, el conflicto podría derivar en instancias judiciales.
El planteo del regulador sanjuanino
Otra de las exposiciones relevantes fue la del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de San Juan, representado por su vicepresidente Roberto Ferrero.
El organismo provincial no rechazó el proyecto en sí mismo, pero condicionó su conformidad definitiva al cumplimiento de una serie de requisitos destinados a proteger a los usuarios locales y preservar el acceso abierto a la infraestructura.
La preocupación central del EPRE es que el crecimiento de la demanda minera obligará a acelerar inversiones que originalmente estaban previstas para los próximos años.
Entre ellas mencionó la ampliación de la capacidad de la Estación Transformadora Nueva San Juan, una obra que actualmente se ejecuta con recursos provinciales. Por ese motivo, el ente planteó dos condiciones fundamentales.
La primera es la internalización de costos, mediante acuerdos que obliguen a la minera a contribuir al financiamiento de las obras necesarias para absorber el impacto de su demanda.
La segunda es garantizar que cualquier capacidad de transporte que quede libre pueda ser utilizada por otros emprendimientos. "Se busca evitar el bloqueo o la asignación exclusiva de un activo estratégico como lo es el corredor eléctrico", expresó Ferrero.
El regulador provincial sostuvo además que estos criterios deberán aplicarse a todos los proyectos mineros que requieran futuras ampliaciones del sistema.
Un debate que trasciende a Vicuña
La audiencia dejó en claro que la discusión excede a un único emprendimiento y se relaciona con el futuro desarrollo minero de San Juan. La provincia concentra algunos de los proyectos cupríferos más importantes del país, entre ellos Josemaría y Filo del Sol, de Vicuña; Los Azules; El Pachón y Altar, todos con elevadas necesidades energéticas.
En ese contexto, la infraestructura de transporte eléctrico aparece como uno de los principales desafíos para acompañar el crecimiento de la actividad.
Mientras Vicuña sostiene que la ampliación permitirá crear capacidad nueva y fortalecer el sistema regional, otros actores reclaman mecanismos que aseguren un acceso equitativo a esa infraestructura estratégica.
Concluida la audiencia pública, el ENRE deberá ahora analizar las exposiciones presentadas y elaborar el informe de cierre correspondiente. Posteriormente, el organismo decidirá si otorga el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la obra y bajo qué condiciones regulatorias se implementará el acceso a la nueva capacidad de transporte.