Crimen y castigo

Escribe Enrique Szewach, Economista

Con este mismo título escribí, hace ya tantos años que prefiero no acordarme, un artículo, en este mismo diario, citando a otro artículo escrito por Gary Becker, premio Nobel de Economía, muchos años antes todavía, creo que en 1968. Lo antedicho pone de manifiesto un par de cuestiones. La primera, obvia, mi falta de originalidad y creatividad. La segunda, en términos sociales más grave que la primera, que el problema de la delincuencia, su combate y castigo no es nuevo en la Argentina. Es más, la discusión sobre aumento de penas -incluyendo la pena de muerte- se repite cíclicamente, toda vez que alguna ola de crímenes aberrantes, o que afectan directa o indirectamente a algún «famoso», lleva a la primera plana de los medios la cuestión de la inseguridad. En ese sentido, y antes de pasar al tema de fondo, si bien es cierto aquello que planteaba Julián Marías sobre que «en las sociedades antiguas se decía lo que pasaba, en las modernas pasa lo que se dice», no es menos cierto que la «sensación de inseguridad» que invade a la población más que un clima periodístico obedece a que, en mayor o menor medida, cada uno de nosotros ha sido víctima directa o conoce a una víctima directa de un caso delictivo, menor o mayor. No hace falta que leamos en los diarios sobre tal o cual robo, o lo vivimos o lo supimos antes de que se publicara.
Pionero
Paso entonces al tema central de esta (o aquella nota). El trabajo arriba citado fue pionero en introducir el análisis económico a cuestiones que, en principio, parecían ajenas a esa disciplina. En el caso particular del delito, Becker presentó un esquema sobre la «racionalidad» de la delincuencia. En efecto, dejando de lado los crímenes pasionales o los arrebatos de locura que pueden justificar alguna acción violenta, y los elementos éticos asociados al crimen, el «trabajo» de delinquir admite las mismas consideraciones de costo beneficio que otras tareas humanas.
En una adaptación libre del análisis de Becker, se puede argumentar que quien roba, compara el costo beneficio de delinquir con alguna tarea alternativa remunerada a la que podría acceder, dada su educación, capacitación y condiciones de la demanda de empleo. En ese contexto, dejando de lado, insisto, consideraciones éticas, en la medida que el costo beneficio de robar sea superior al costo beneficio de trabajar honestamente, alguien podría elegir dedicarse a delinquir. (Antes de que se escandalice por este planteo, me viene a la memoria una cita de Marx, Groucho, cuando decía «bienaventurados los sedientos de cultura porque es señal que ya comieron»).
Presentado el enfoque de esta manera, es más sencillo analizar el problema y el debate. De un lado, los «garantistas» y «progresistas», incluyendo a la Presidente, que plantean que hay que atacar el problema mejorando el costo beneficio de trabajar: aumentar el empleo, el salario, la capacitación, la educación, mejorar la distribución del ingreso, garantizar el acceso a ciertos bienes públicos con calidad, inclina la balanza a favor del trabajo y en contra del delito.
Del otro lado, los «represores», o la «derecha», diciendo, implícitamente, que el problema es el alto beneficio que tiene delinquir, dado su bajo costo. El aumento de las penas, la mano dura, fuerzas de seguridad bien entrenadas, etc., etc., marcan las premisas centrales de la receta.
Planteado el debate, permítanme avanzar un poco más. La solución «progre», obviamente, es una solución superior, una meta a la que debemos aspirar, sin duda. Una sociedad más rica, con trabajo para todos, y con una distribución más igualitaria del ingreso, tiene menos delito, sin dudas, pero esto implica la adopción de políticas públicas de largo plazo que tiendan a cambiar nuestra prosperidad y nuestra calidad de vida. Este es un trabajo de años, pero de años de aplicar las políticas de crecimiento correctas.
No basta sólo con crecer. La experiencia argentina de los últimos años es prueba elocuente de que con malas políticas públicas en materia de educación, capacitación, incentivos al empleo formal, etc., la delincuencia puede aumentar aún en contextos de caída del desempleo y de crecimiento económico. (También habría que incorporar la falta de coordinación con nuestros vecinos en la política migratoria.) La mayor participación del Estado en estos años de más del 10% del PBI en un país cuyo PBI creció más de un 50% es el vivo testimonio de un estrepitoso fracaso. Nótese que el intervencionismo creciente del que se jacta el kirchnerismo y del que pretende sea copiado por el mundo desarrollado, no sólo ha fracasado en los sectores en donde ha participado directamente: el mercado de la energía, el de los lácteos, la carne, los granos, la infraestructura, etc., sino que, por sobre todas las cosas, ha fracasado en el corazón de la prosperidad: la educación pública ha empeorado, la distribución del ingreso no es mejor, el trabajo en negro ha caído muy poco, los indicadores sociales han tenido cambios muy marginales. De manera que la «solución progresista» que es la que deberíamos adoptar como país, es una solución no automática, de largo plazo y que implica cambios drásticos en las políticas públicas de los últimos cincuenta años, por poner una fecha.
Costo
Vuelvo otra vez al trabajo de Becker. El costo de delinquir es la pena, por la probabilidad de ser penado (algo que sabe muy bien la mafia que no sólo amenaza, sino que «cumple» su amenaza). Aquéllos que insisten por el camino alternativo del combate al delito, lamentablemente, han caído en el simplismo de concentrarse en reclamar aumento de las penas, en lugar de avanzar por el sendero más complejo de incrementar la probabilidad de ser penado.
En otras palabras, pena de muerte por cero, da cero. Resulta mucho más efectivo, como elevador del costo de delinquir, aumentar la probabilidad de ser penado, que meramente incrementar el tamaño del castigo. Pero incrementar la probabilidad de que un delincuente sea penado implica una reforma integral de la seguridad y la justicia, en sentido amplio. Tener fuerzas de seguridad bien pagas, entrenadas y capacitadas. Tener un sistema judicial ágil, moderno, garantista pero libre de chicanas. Tener un marco legal que ponga énfasis en el problema de las reincidencias -el principal tema- y, en especial, un sistema carcelario que no sólo aísle a los delincuentes, sino que, además, los eduque y capacite para tareas laborales diferentes a las de robar, aumente su capital humano. En ese último aspecto, el mundo desarrollado y hasta países vecinos, ha avanzado en la gestión privada de cárceles que incluye, en algunos casos, hasta la seguridad interna y, en la mayoría, multas al administrador si algún delincuente de «su» cárcel, al cumplir la condena y ser liberado, reincide. Como se puede apreciar, nada es fácil en este tema. El crecimiento económico por sí solo, en el marco de un intervencionismo estatal ineficiente y arcaico, no está dando resultado por el lado del progresismo. La falta de una reforma integral del conjunto seguridad-justicia, en especial el tratamiento de cárceles y reincidencias, no está elevando el costo de delinquir lo suficiente como para que el «modelo represor» funcione. Sin las políticas públicas correctas, tanto desde el costado progresista, como desde el enfoque más directo de combate del delito, seguiremos debatiendo estérilmente, mientras la delincuencia, ahora con el fenómeno agregado del mercado de la droga, que aumenta aún más los beneficios de vivir fuera de la ley, seguirá aumentando. Sin un enfoque integral de largo plazo, sólo tendremos debates cíclicos. Lo único rescatable, en mi caso personal, es que gracias a ello, no necesito ser ni original, ni creativo, para seguir escribiendo al respecto.