Saliente Cimadevilla acusó a Garavano y a su gabinete por encubrir a exfiscales en juicio oral por desvío de la investigación. Fue por cambiar alegato y no pedir penas. Se suma a Carrió que cruzó a ministro.
Mario Cimadevilla y Germán Garavano.
Sobre el Gobierno de Cambiemos ya sobrevuela la misma mácula que atravesó a la mayor parte de las administraciones que tuvieron algún tipo de incidencia en el desarrollo de la causa AMIA. El exsecretario de la Unidad Especial para la investigación del atentado, Mario Cimadevilla denunció penalmente al ministro de Justicia, Germán Garavano y a gran parte de su gabinete como parte de una maniobra de encubrimiento hacia los acusados de haber desviado la pesquisa original, hoy sometidos a juicio oral y público. El chubutense eyectado del cargo por cortocircuitos con su jefe formal- fue más allá, y agregó que pudieron haberse cometido los delitos de cohecho, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El detonante fue el cambio de los alegatos a último momento para desistir del pedido de pena para los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia. Los une con Garavano una vieja relación laboral. Pero si el tema escala, se podría hallar la orden de modificar el alegato en lo más alto de la Casa Rosada. Los motivos geopolíticos exceden la coyuntura.
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La crisis no es solo en términos jurídicos: implica que un exsenador de la UCR- que integra la alianza de Gobierno- apuntale la denuncia por encubrimiento que ya había formulado contra las autoridades de la cartera de Justicia, Elisa Carrió, la tercera socia de la coalición. El problema es mayúsculo si se asocia ese comportamiento al expediente por el peor atentado de la historia argentina. Públicamente, Cimadevilla dijo que los dirigentes de la UCR lo apoyaban pero que no se atrevían a alzar la voz. La causa recayó en el juzgado de Julián Ercolini que tendrá en sus manos la posibilidad de desactivarla o que cobre vida. Como sea, es un hito que se sumará al acompañamiento de Carrió al planteo que los familiares de las víctimas llevarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como adelantó Ámbito Financiero. Los dos le apuntan a Garavano y rehúsan pensar que la postura final del Estado en el juicio oral no contó con el aval de Mauricio Macri.
Es la primera fractura expuesta en la sociedad política que conformaron la UCR, la Coalición Cívica y el PRO que traspasa la escaramuza y se convierte en una carátula judicial. Además de Garavano fue denunciado su segundo, Santiago Otamendi quien firmó la nota en la que desapoderaba al abogado que Cimadevilla había designado al frente de su querella y a Martín Casares, el jefe de Gabinete de la cartera de Justicia. Sorpresivamente, incluyó a su antecesor Esteban Conte Grand, quien renunció al cargo hace un año. La relación entre el chubutense y Garavano nunca fue óptima ya que el funcionario lo percibía como una imposición, la designación bajo su órbita. En la reorganización ministerial, la Secretaría de Estado quedó disuelta y Cimadevilla confirmó que no solo había sido desautorizado en el juicio, sino que ya no tenía escritorio. Su idea de autodenunciarse para deslindar responsabilidades achacadas por las querellas de los familiares de las víctimas mutó en un cañonazo directo a Garavano y sus asesores, incluyendo a José Console, el fallido apoderado suplente que alcanzó a leer el alegato sin acusación para Mullen y Barbaccia y luego fue invalidado del juicio por el Tribunal Oral Federal N°2.
Cimadevilla señaló "amiguismo" en sintonía con postura de Carrió que había hecho renunciar a su abogada personal, Mariana Stilman ante diferencias en el modo de trabajo de la querella. La letrada permaneció en el equipo de trabajo pero tomó partido por el abogado Enrique Ventos, cuyo alegato incluía pedidos de condena para los exfiscales. Cuando estalló el escándalo, la noche previa al inicio de la audiencia del juicio, el resto de los querellantes cerraron filas y apuntaron hacia Garavano, lo mismo que las asociaciones de familiares como Memoria Activa. La situación deja en posición incómoda a la administración Macri ya que la denuncia llega de sus propios socios políticos.
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