La expresidente Cristina de Kirchner buscará hoy anular su llamado a declaración indagatoria previsto para el jueves 20, en el marco de la causa por presunto direccionamiento de obra pública a favor de Lázaro Báez. En una extensa presentación que realizará a través de su abogado Carlos Beraldi, la exmandataria objetará las pruebas presentadas por el tándem de fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques y solicitará que se haga una auditoría completa de todas las licitaciones y adjudicatarios de obras durante su Gobierno, identificando a las empresas beneficiadas en todas las jurisdicciones y no limitado a Santa Cruz. En su defensa, argumentará que todos los fondos destinados a la construcción fueron avalados por la Auditoría General de la Nación, entonces presidida por el radical Leandro Despouy.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El contraataque de Cristina también tendrá influencia en el apretado cronograma de 17 convocatorias a declaración indagatoria con las que el juez Julián Ercolini conformó a los fiscales, quienes habían insistido para que se la cite a la expresidente. Más allá de que el juez rechace anular su propio llamado, la solicitud escalará a la Sala II de la Cámara Federal. Esto consumirá el tiempo con el que el juez también jugó con el calendario para dilatar una decisión procesal al filo de la feria judicial, o incluso, para el año siguiente.
Licitaciones
La expresidente apuntará que la administración de Mauricio Macri está llevando adelante "redeterminaciones de precios" sobre las mismas licitaciones objetadas en el marco de la pesquisa, lo que reconocería su razonabilidad. Además, pedirá que se investigue a IECSA, de Angelo Calcaterra, primo del mandatario y uno de los principales contratistas de obra pública. El objetivo de Cristina será por tres vías: anular la cita del jueves 20, introducir medidas de prueba y readecuar el objeto procesal, es decir lo que se investiga en la causa como hipótesis. También señalará una "matriz de corrupción" dentro del Poder Judicial. Según pudo confirmar Ámbito Financiero, apuntó contra los fiscales y consideró nula la hipótesis planteada porque desatendía criterios de legalidad de leyes del Congreso, decretos y decisiones en el ámbito de la jefatura de Gabinete y de los gobernadores. Desde el punto de vista funcional, la expresidente denunciará la influencia del Gobierno en el equipo de investigadores a partir de Mahíques cuyo hermano es representante del Ejecutivo en el Congreso. En su solicitud, Cristina de Kirchner redoblará la apuesta y pedirá que el expediente en su contra se convierta en una megacausa que investigue no sólo una empresa o a una provincia, sino el gasto que en obra pública fuera realizado en su totalidad entre los años 2003 a 2015, por un monto que ascendió a casi u$s110.000 millones.
La exmandataria señalará que Ercolini no evaluó correctamente el planteo de los fiscales por presiones "políticas y mediáticas". En síntesis, objetará que no se le ha achacado un delito o accionar ilícito en particular en el marco de este expediente, que surgió como un desprendimiento de Hotesur por la adjudicación y el pago completo a Austral Construcciones, empresa insignia de Báez. Sobre este punto del supuesto canal privilegiado de cobro para el patagónico, la exmandataria solicitará que se incorpore la totalidad de los beneficiacios y la ventana de pagos realizados en forma histórica para establecer la precisión de ese dato informado por Vialidad, y casi uno de los ejes de la acusación de los fiscales.
Dejá tu comentario