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Cristina dual: Constitución precisa una reforma (que no propondrá)
Cristina de Kirchner encabezó un encuentro judicial en La Matanza, luego de sus palabras complicadas desde Harvard. Desde allí habló de la necesidad de reformar la Constitución, defendió los proyectos oficiales y se metió con un asunto que sistemáticamente ignoró el relato K: la inseguridad.
Desde La Matanza, universidad que pisó tras sus rugosos dichos en Harvard -donde silenció a estudiantes con la frase "no estamos en La Matanza"-, la Presidente reveló, por primera vez en público, su convicción de que la Constitución necesita ser reformada, pero en una aclaración que pareció tener el objetivo de evitar especulaciones planteó que ella no impulsará esos cambios.
"La Constitución debería ser modificada para que haya una reforma completa de la Justicia, pero no voy a proponer una reforma de la Constitución, por eso envié al Parlamento las leyes", sostuvo la Presidente.
El contexto despeja ciertas lecturas. La Presidente habló durante el cierre de una jornada sobre "democratización de la Justicia" donde defendió el paquete de seis proyectos que envió en abril al Congreso, cinco de los cuales ya fueron aprobados y sólo queda, para su tratamiento en Diputados, el concurso obligatorio para el ingreso a la Justicia.
"Para hacer una reforma profunda de la Justicia debería ser modificada la Constitución nacional", especificó la mandataria y de inmediato aclaró que ella no hará esa propuesta. Fueron una serie de aclaraciones, puntuales, para reducir el margen de duda sobre las intenciones K luego de los rumores, silenciados en el último tiempo, de impulsar una reforma para permitir un tercer mandato de Cristina.
O, en palabras de Diana Conti, la "Cristina eterna" con reelección indefinida.
Fue, de todos modos, una pincelada en una batalla más actual. Luego de superar la instancia legislativa, el Gobierno se prepara para que su reforma judicial, bautizada ampulosamente como "democratización de la Justicia", enfrente una avalancha de objeciones en los tribunales, acción anticipada por dirigentes y partidos de la oposición, además de por entidades que agrupan a abogados y jueces.
A ese frente dirigió otra frase al pedir "una interpretación por parte de todos los jueces, desde la más alta magistratura hasta la primera instancia, que no sirva a los intereses corporativos y a que los tres poderes funcionen en beneficio propio, sino en beneficio del conjunto la sociedad".
Rodeada por medio gabinete, entre ellos el ministro de Justicia, Julio Alak, y el vicepresidente, Amado Boudou, la mandataria hizo una cerrada defensa de su proyecto de reforma, aunque se especula con que la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura será "impugnada" al igual que la limitación de las cautelares.
"Algunos quieren confundir cautelares con recursos de amparo", dijo.
Mechó, en su extenso discurso, una parrafada para la oposición. "¿Cómo es posible no estar de acuerdo nunca con nada? Pero, además, si no estaban de acuerdo con esta reforma, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué proponen a cambio?", chicaneó a sus críticos.
Perfil electoral
Pero la mención, ambigua, a la reforma constitucional estuvo acompañada por otra exploración inusual en boca de la Presidente: una mención, directa, a la inseguridad.
"La Justicia no debería tener una agenda mediática, debe tener la de la sociedad, la de juzgar y condenar a los culpables", aseguró y enumeró una saga de problemas que debería atender.
Hizo referencia a la trata de personas -en la mesa, una de las disertantes era Susana Trimarco, madre de Marita Verón- y al narcotráfico, y en ese marco dijo que habló con las "autoridades" de la provincia de Buenos Aires para fijar políticas sobre la cuestión.
"Sin una correcta articulación entre el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad se torna imposible llevar adelante un plan bueno de seguridad para toda la población", señaló la Presidente.
En la misma línea, agregó: "La primera gran ecuación a resolver en la Argentina es Justicia y seguridad, íntimamente vinculadas también con fenómenos contemporáneos como el narcotráfico".
La referencia a cuestiones criminales, o de delitos complejos y organizados, pero con el marco genérico de la inseguridad, es un dato llamativo en el relato K.
El giro tiene, interpretan en Gobierno, un componente electoral: hay un universo social, con base en los sectores medios, que observa con cierta simpatía al Gobierno K, pero cuestiona con dureza la falta de una política puntual y visible en materia de lucha contra el delito.
La previa electoral, y la reconfiguración discursiva de la reforma judicial parecen explicar la novedad de la Presidente hablando de inseguridad.


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