Cristina (sin responder al juez): “No soy amiga ni socia de Báez”

• PASÓ POR COMODORO PY PARA SER INDAGADA EN MEDIO DE FUERTE OPERATIVO DE SEGURIDADLa exmandataria le llevó un escrito a Julián Ercolini para refutar que no favoreció a Lázaro Báez durante su gestión. Declaró verbalmente y ratificó pedido de nulidad de la causa. La indagatoria se extendió por dos horas.

Declaración. Cristina de Kirchner entró ayer a Comodoro Py para declarar frente al juez Julián Ercolini rodeada de militancia, legisladores y dirigentes del Frente para la Victoria.

Dos horas duró la declaración indagatoria de Cristina de Kirchner frente al juez Julián Ercolini por el presunto favorecimiento a Lázaro Báez en el otorgamiento de obra pública durante su Gobierno. Como adelantó Ámbito Financiero, la exmandataria ratificó el escrito en el que pidió la nulidad de toda la investigación atacando los puntos centrales de la acusación, solicitó una auditoría integral sobre toda la obra licitada durante la gestión K y negó beneficios a Báez. No respondió preguntas y aprovechó una informal conferencia de prensa para hacer una crítica al Gobierno de Mauricio Macri.

A raíz de sus dichos, se abrió una investigación contra la constructora IECSA, propiedad del primo del presidente, Ángelo Calcaterra (ver nota aparte) por presuntas irregularidades en la actual adjudicación de contratos públicos.

Hoy declara, en la misma causa, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, quien apelará a una estrategia similar a la de la expresidente, mientras que Báez -que debería ser trasladado mañana a declarar- también pidió anular la causa.

La estrategia de la defensa de Cristina estuvo enmarcada en dos vías: por un lado, insistió en la nulidad de toda la investigación impulsada por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques (la cuestión está bajo revisión de la Cámara Federal), por lo que se abstuvo de responder preguntas; por el otro, se defendió de su responsabilidad funcional en el otorgamiento de las obras (explicó el proceso por el cual se adjudican, con aprobación parlamentaria) y rechazó vínculos comerciales o de amistad con Báez. El escrito recorrió carriles técnicos, mientras que su declaración tuvo ingredientes políticos. "No soy amiga ni socia de Lázaro Báez", le dijo al juez, ante las pruebas incorporadas al expediente que dan cuenta de lazos societarios entre ambos.

"Es un disparate mayúsculo pretender que una asociación ilícita la conforman un Poder Ejecutivo integrado de manera legal", señaló en la breve conferencia de prensa que brindó a la salida de Comodoro Py, pasadas las 13. Su llegada a un edificio blindado, con un despliegue de más de 300 efectivos de seguridad, fue puntual, a las 10. La acompañaron su abogado, Carlos Beraldi y el exjuez de la Corte, Eugenio Zaffaroni quien no estuvo presente en la audiencia, pero que la asesora en materia jurídica.

La indagatoria fue tensa, según testigos que presenciaron la reunión. Para colmo, su salida del cuarto piso de tribunales se demoró, ante la rebelión de una impresora que no permitía culminar el trámite de firma de la declaración.

Cristina consideró que la causa "es una maniobra formidable de persecución política, de hostigamiento mediático" y lo vinculó a una estrategia "regional", a la vez que disparó dardos contra la política económica y social de Cambiemos. En idéntico sentido se había pronunciado dentro del despacho de Ercolini ante un secretario, su abogado y los dos fiscales. A Mahíques volvió a señalarlo por su hermano, Juan Bautista, funcionario del Gobierno en el Consejo de la Magistratura. Fue previo a que abandonara el lugar por un lateral, momento en el que se produjeron incidentes entre la Gendarmería y un grupo de militantes kirchneristas que habían movilizado en apoyo a la exmandataria. La fuerza avanzó con sus escudos ante el tumulto y terminó golpeando a los manifestantes, entre la que se encontraba la diputada Juliana Di Tullio. "No le peguen a la gente, péguenme a mí, cobardes", vociferó la exmandataria, quien se bajó del vehículo que la trasladaba.

Como adelantó este diario, Cristina reiteró ante el juez el escrito presentado por su defensa el 12 de octubre pasado, que acompañó el primer pedido de nulidad. Allí se sostuvo que las obras públicas eran aprobadas por el Congreso a través del Presupuesto Nacional, en tanto que a su vez se ejecutan por parte de autoridades provinciales. Agregó que todo fue sometido a controles de la Auditoría General de la Nación (AGN) y a la comisión bicameral. Allí se enumeró la lista de empresas contratistas de obra pública que ubica al Grupo Austral en el puesto 38 del total de los beneficiarios. Ercolini inauguró con la exmandataria la ronda de indagatorias en esta causa que tiene otras 17 citaciones y otras tantas pendientes. Cuando culmine con la última (hoy prevista en los últimos días de noviembre) tendrá diez días hábiles -por procedimiento- para definir si la procesa, decisión que podría darse al filo de la feria judicial de diciembre, o incluso pasar a 2017.