• FRENTES ABIERTOS DE LOS ARREPENTIDOS, LUEGO DE LOS PROCESAMIENTOS Clarens dio nombres de empresarios que trasladaban dinero y otras 40 firmas involucradas en la maniobra. Especulan con que juez avance sobre clan Macri. Malestar de “arrepentidos” y daños múltiples en constructoras.
Carlos Wagner y Ernesto Clarens.
La denominada causa de los cuadernos ingresó en una segunda fase luego de los procesamientos dictados por el juez Claudio Bonadio sobre la primera tanda de indagados, que se completará esta semana con los últimos convocados por la faceta de financiamiento de campañas. Sin embargo, quedaron abiertos múltiples frentes de avance que pueden definir los próximos movimientos del juzgado. La duda que recorre tribunales es si el juez se apuró a cerrar el primer paquete con el objetivo de poner la proa hacia un juicio oral y público veloz, o si por el contrario, dejó preparado el escenario para un avance integral sobre todas las esquirlas que dejaron los arrepentidos en sus testimonios. Este segundo objetivo podría coincidir sobre la intención que Bonadio deslizó a sus más cercanos: que esta causa sea la coronación de su carrera y que permita borrar la mácula de la mítica "servilleta" de Carlos Corach. Para ello, analizaron los operadores, las salpicaduras del expediente deberían alcanzar también a Mauricio Macri, algo que la Casa Rosada comienza a mirar con atención, más allá de recibir los informes de las consecuencias económico y financieras devastadoras que ocasionó el escándalo en las empresas involucradas. Pese a que en dos meses la Cámara Federal confirme los procesamientos e incluso lo termine haciendo (por mayoría) la Cámara de Casación, los "puntos ciegos" que tiene el expediente pueden funcionar como piezas estructurales del Jenga al que juega Bonadio.
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Los empresarios, en su mayoría, están arrepentidos de haberse arrepentido. Lo transmiten las apelaciones que cuestionan la imputación de asociación ilícita, los embargos y los delitos de dádivas y cohecho que los involucran. La cartelización del arrepentimiento funcionó como estrategia jurídica inicial de los estudios que los asesoran para esquivar la cárcel pero no los privó de la acusación genérica con la que Bonadio avanzó para imputarles idénticos delitos a los de los exfuncionarios, dejando de su lado la llave para que algunos de ellos puedan volver a prisión. El interrogante sobre el cual Paolo Rocca no fue siquiera citado pese a su admisión pública de los pagos por Techint dejó en claro los límites de la primera oleada del impacto judicial. En el mismo juzgado jugaron con la idea de blindar dos pisos ante una eventual llegada de Rocca a declarar. Fue un mensaje.
La yuxtaposición de declaraciones de "arrepentidos" combinó dos testimonios clave: la de Carlos Wagner que confirmó la cartelización a cambio de obra pública y la de Ernesto Clarens, que graficó el mecanismo de operatoria por el cual las empresas pagaban los adelantos en formato coima y le agregó la palabra "sobreprecios" a las licitaciones ganadas. Clarens mencionó a 40 empresas involucradas, algunas de las cuales quedaban por fuera del esquema inicial de la "Camarita" que manejaba Wagner. Entre ellas, mencionó a Santiago Altieri como asiduo concurrente a sus oficinas para aportar el dinero en nombre de IECSA, la empresa que terminó en manos del primo presidencial Ángelo Calcaterra. Pero la mención coincidió con la fecha (al igual que Wagner) que la firma era controlada por Sideco y SOCMA. En aquel momento, quien firmaba en representación de Franco Macri era Pablo Clusellas, actual secretario de Legal y Técnica. Por la constructora Chediack, Clarens apuntó al contador Eduardo Kennel y al propio Luis Losi por su firma. Aunque José Cartellone negó cualquier cargo, el financista mencionó que Tito Biaggini era el que se encargaba de trasladarle los fondos y sobre quien ya pesa un procesamiento por el caso Odebrecht. Por ESUCO (de Wagner) señaló a su vicepresidente, Edgardo Coppola, mientras que por Decavial de la que es accionista Esuco- nombró a "Aznar" quien sería Miguel Aznar, uno de los representantes de la firma. Apuntó además a Patricio Gerbi por Coarco y a Juan Carlos Relats por JCR, además de la generalidad de que los titulares de 40 constructoras que encabezan el "ranking" de su Excel se encargaban en persona de los pagos en efectivo, sin que hubiera extorsión alguna por las ganancias que obtenían sobrevaluando las obras. Clarens hizo una explícita mención a los financistas Aldo Ducler y Eduardo Caffaro (un exdirector del BCRA) como quienes tendrían pistas acerca de la estructuración del patrimonio del exsecretario Daniel Muñoz en el exterior. Pero otro dato también abrió una línea de investigación de impacto: dijo que el cambio de moneda no lo hizo sólo, sino que hubo colocaciones en el Banco Finansur. En ese entonces, la entidad estaba comandada por José Sánchez Cordova, extesorero del club Boca Juniors. Según los Estados Unidos, desde allí partió uno de los fajos encontrados en los bolsos que José López intentó esconder en el convento de General Rodríguez. Otra pregunta sobrevuela la trama: ¿Por qué en las menciones de Clarens sobre José López no aparece en ningún momento mencionado el contador Andrés Galera?
Las empresas están heridas más allá de la intención inicial de morigerar el impacto económico de su situación judicial. Bonos en caída, acciones en mínimos históricos, corte de financiamiento bancario privado y caída de contratos, además de la amenaza de embargos y multas por las licitaciones amañadas. Eso sin contar los futuros reclamos de accionistas contra los board que aparecerán como responsables de la conducta de sus directivos. Los estudios de abogados comerciales se frotan las manos para preparar las demandas cruzadas. Los próximos movimientos de Bonadio definirán la suerte del expediente para solidificarlo o dejarlo tambaleante.
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