Los analistas no han considerado suficientemente el impacto de las tasas de interés pagadas por el BCRA. Dados los escasos rendimientos de los activos de la entidad -reservas internacionales y créditos al Gobierno- y la enorme necesidad de financiamiento del Gobierno, el BCRA se quedaría sin patrimonio en unos 16 meses. ¡Un presente griego para el nuevo Gobierno!
La devaluación de la moneda es una medida correctiva de la pérdida patrimonial del ente rector. Porque genera una ganancia contable al BCRA, reduciendo la pérdida patrimonial. En este caso, las altas tasas de interés que paga la entidad y su financiamiento al sector público ponen un piso mínimo a la devaluación, para que la entidad no pierda totalmente su patrimonio.
Al 31/5/2014, el BCRA tenía un patrimonio de 108.500 millones de pesos. Esto es, 13.445 millones de dólares, al tipo de cambio oficial de ese día. Las reservas, netas de otros pasivos en divisas, sumaban 21.400 millones de dólares. Con estos datos, y proyectando potenciales aumentos del financiamiento al sector público, por parte de BCRA, es factible estimar la tasa de devaluación necesaria para mantener el patrimonio de la entidad en dólares. Con una devaluación del 2% mensual, y manteniendo las tasas pasivas que está reconociendo en sus colocaciones, el BCRA perdería más de la mitad del valor de su patrimonio medido en dólares al tiempo de las elecciones. Recién con devaluaciones superiores al 3% mensual acumulativo se lograría mantener el valor en dólares de su patrimonio. Estimamos un tipo de cambio de $ 14 por dólar al tiempo de las elecciones, sin otros tropiezos o desequilibrios.
La dificultad es que una devaluación del 3% mensual no sería compatible con las tasas pagadas actualmente por la entidad. La inflación se acentuaría y los inversores demandarían rendimientos más elevados. Como suele suceder, al mover una variable en un equilibrio inestable, las repercusiones harían necesarias otras medidas estabilizadoras, como fue la restricción crediticia y consiguiente alza de tasas de interés de fines de enero.
Otra alternativa podría ser un plan antiinflacionario, con ajustes de gastos y demanda global e incentivos a la producción, removiendo trabas y obstáculos existentes. Pero no sería realista esperarlo de un Gobierno saliente. Pues pagaría los costos políticos para beneficio de otros mandatarios. Lo más probable es esperar que las autoridades intenten mantener cierta tranquilidad. Es el Gobierno que asuma en diciembre de 2015 el que deberá encarar abatir la inflación y afirmar los incentivos al crecimiento para todos. Y eso en la medida en que logre convocar un equipo solvente para compatibilizar las medidas necesarias con los deseos de la población. Los técnicos aislados, sin consenso y compromiso de los políticos, no conseguirían armar un programa sostenible. Los políticos, aislados del conocimiento técnico, tampoco. Por eso, el mismo concepto de eficiencia nunca puede ser exclusivamente técnico. Solamente es eficiente para el conjunto social lo que compatibiliza capacidades productivas con los deseos y aspiraciones de la población, logrando los consensos mínimos. Lo demás son especulaciones académicas que otras veces desperdiciaron oportunidades.
(*) Miembro del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso |
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