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Cuatro detenidos por el ataque a Bonfatti
El arsenal fue encontrado por distintas fuerzas de seguridad de la provincia durante más de diez allanamientos realizados ayer en la zona norte de la ciudad de Rosario.
Durante los operativos ordenados por la jueza de Instrucción María Luisa Pérez, realizados durante las primeras horas de la mañana de ayer, se secuestraron cinco escopetas, tres pistolas automáticas 9 milímetros y un cargador de ametralladora FMK3, elementos que serán sometidos a pericias para compararlos con las vainas halladas en la casa de Bonfatti.
El violento ataque contra el gobernador, quien se encontraba junto a su esposa y una empleada -al menos dos proyectiles atravesaron la fachada del inmueble y tuvieron como destino final el living de la vivienda, uno de los cuales pasó cerca de la cabeza del funcionario, según peritajes de lo ocurrido- no fue considerado un hecho aislado ya que tuvo todas las características de un plan mafioso llevado a cabo por sicarios que contaban con información precisa sobre los movimientos del mandatario.
La conmoción generada en la provincia fue entendida en el distrito como un ataque a la institucionalidad. Una muestra de ello fue la conferencia que dio el sábado Bonfatti junto a dirigentes del socialismo y del kirchnerismo, su rival político, que estuvo representado por su primer candidato a diputado nacional, Jorge Obeid, y el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi. Distinto fue el caso del primer postulante a diputado nacional por el PRO, Miguel del Sel, quien rechazó el ataque aunque no participó de la reunión de apoyo al mandatario provincial. La solidaridad de los dirigentes peronistas dejó en claro que lo ocurrido no es un problema de Santa Fe, sino de todo el país.
"Lejos de amedrentarnos, este hecho nos da más fuerza, porque nos están diciendo que vamos por el buen camino. Por eso le digo a los santafesinos que me siento más fuerte que nunca y que vamos a seguir redoblando nuestro accionar cotidiano", señaló Bonfatti durante la conferencia del sábado, al ratificar una línea de continuidad de trabajo entre el distrito y el Gobierno nacional para subsanar una provincia acechada por la violencia generada por las salvajes disputas entre narcotraficantes, que provocaron desde 2004 más de 1.000 muertos.


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