24 de julio 2012 - 00:00

Curiosa interna con Chávez por controlar nueva escuela de jueces

Hugo Chávez, Manuel Urriza, Mariano Rajoy
Hugo Chávez, Manuel Urriza, Mariano Rajoy
El Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema ya siguen de cerca el proceso de creación del Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales (IIAEJ), uno de los proyectos que tomó impulso durante la última cumbre iberoamericana de magistrados realizada en Buenos Aires. El pasado viernes concluyó en Caracas la reunión del grupo de trabajo que se apresta a poner en marcha el centro de formación para jueces latinoamericanos y europeos. Se redactó un documento preliminar y hubo algún anticipo sobre posibles autoridades. Argentina, que fue representada por el titular del Consejo, Manuel Urriza, tendría un rol clave en aspectos metodológicos. Pujas por poder (y por fondos) estarán a la orden del día entre quienes pretenden encabezar la iniciativa.

El proyecto del IIAEJ se mencionó por primera vez en 2006, cuando el escenario de la cumbre de jueces fue Santo Domingo. Sin embargo, la idea se conversó más a fondo durante el último encuentro celebrado en los salones del Hotel Alvear. En ese entonces el esquema que había logrado más consensos era el siguiente: Argentina en un rol de liderazgo en cuanto a metodologías y aspectos de contenidos académicos; Venezuela como sede del instituto y coordinador operativo y España, al igual que sucede en estas cumbres, como aportante de fondos.

Fundamento

El papel del país en la iniciativa se fundamentaba tanto en Buenos Aires, como la semana pasada en Caracas, a partir de la tradición del país en cuestiones de enseñanza del Derecho y, especialmente, por el nivel de los catedráticos argentinos. Aún así este aspecto todavía no consta en los papeles.

Por otra parte ya existen algunos borradores sobre elaboración de indicadores que señalen los problemas de los distintos poderes judiciales, proyectos de investigación sobre diferencias entre los sistemas de los países y alternativas de cursos de actualización.

Como suele suceder en distintos fueros regionales (Mercosur, Unasur, etc), Venezuela apuesta por tener un rol protagónico entre los jueces. Por eso el Gobierno de Hugo Chávez ya hace gestiones para cumplir los pronósticos y ser la sede central del instituto y, al mismo tiempo, obtener la dirección ejecutiva.

Es un escenario que no termina de convencer a los magistrados de los demás países. Los cuestionamientos no tratan sobre las notas de la partitura, sino sobre su música: el delegado de Chávez para estos asuntos es Arcadio Delgado Rosales, miembro del Tribunal Supremo de su país.

Delgado Rosales es un hombre de extrema sintonía con el palacio de Miraflores. Cada vez que puede se manifiesta a favor de lograr una constitución de corte socialista que deje atrás los «preceptos burgueses». Una de sus tesis favoritas, como ha expresado en público, es la del «Estado total», concebida por el jurista alemán Carl Schmitt. Según esta idea no existen diferencias entre la sociedad civil, la política y la militar. Además entiende las disputas políticas no contra rivales, sino contra enemigos.

Aportante

Poco o nada es lo que se dice sobre el aporte económico de España a la iniciativa. El país ibérico mantiene la secretaría general de las cumbres ya que es el principal aportante de fondos para su organización. Hasta ahora nadie ha garantizado que eso vaya a ocurrir con el IIAEJ. De hecho, los fuertes recortes llevados a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy en las distintas estructuras del Estado no traen buenos augurios. En el último encuentro de Buenos Aires los magistrados de la península se abstuvieron de participar por la tensión política de su país con Argentina a raíz de la estatización de YPF.

El representante español pael tema es el magistrado Miguel Carmona Ruano, vocal del Consejo General del Poder Judicial de su país. Se trata de un jurista que llegó a su cargo con apoyo del socialismo y que suele expresarse a favor de un modelo de selección de magistrados que tiene similitudes con el que actualmente rige en Argentina a fin de evitar altos grados de politización en los nombramientos.

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