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DEFAULT: IMPSA, según pasan los años
18 de enero de 2008. Día de esperanza y optimismo para Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA. Luego de muchos años de lobby, y creyendo conocer por dónde venían los vientos en la Latinoamérica de esos años, Enrique Pescarmona logró que su empresa firmara en Venezuela un contrato por 520 millones de dólares para proveer turbinas al proyecto hidroeléctrico Tocoma.
Sería la obra "joya" del régimen bolivariano de Hugo Chávez y la coronación del cruce sonriente entre los gobiernos argentino y venezolano, y los privados. Se hablaba en esos días de la consagración de la idea de la "burguesía latinoamericana", con los empresarios argentinos como cabeza de bandera y el contrato por Tocoma como primer peldaño de una escalera que sería interminable.
Era la forma, además, en que Chávez presentaba ante la región la fórmula por la cual el socialismo del siglo XXI, de alguna manera, convivía gloriosamente con los privados que supieran comprender hacia dónde soplaban los vientos.
En Buenos Aires, el Gobierno exhibía una carta por la cual IMPSA afirmaba que se trataba del contrato "más grande de exportación de alta tecnología" de la historia argentina y el inicio de una nueva era para la empresa. IMPSA había ganado el contrato en una licitación pública internacional iniciada en 2004 en la que también compitieron la estadounidense General Electric, la francesa Alstom, la alemana Siemens, las japonesas Marubeni, Sumitomo, Hitachi y Mitsui, la austríaca Vatech y las chinas Dong Fang y Harbin. IMPSA les había ganado a todas, demostrando que para la Venezuela bolivariana ningún currículum de una multinacional servía en el momento de otorgar un negocio millonario.
El contrato implicaba que IMPSA proveería turbinas y generadores para la central hidroeléctrica de Tocoma, en el sureste de Venezuela, proyecto que demandaría una inversión total de 3.061 millones de dólares. "Es un orgullo para la tecnología nacional el diseño, la fabricación, el transporte y el montaje de estas grandes maquinarias hidráulicas que serán diseñadas enteramente en nuestro país", firmaba Pescarmona en la carta rubricada por el propio empresario.
"Ubicado sobre el río Caroní, sumará su capacidad a las otras centrales ya existentes sobre el mismo río, configurando de este modo uno de los sistemas hidroeléctricos en cascada más grandes del mundo, con más de 18.000 megavatios de potencia instalada", dijo la empresa argentina, presentando, además, su sociedad con el Gobierno bolivariano como una inversión absolutamente segura y amparada por la hermandad política entre ambos gobiernos.
16 de septiembre de 2014. IMPSA se convirtió en la primera compañía privada en anunciar que no podría hacer frente a sus compromisos financieros externos, luego que el 30 de julio la Argentina ingresó en default "técnico".
Lo hizo a través de una carta a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en la que reconoció que no podrá hacer frente a un pago de intereses previsto por 42 millones de dólares y 23 millones de dólares. Se trata de las obligaciones negociables clase X y XI, así como también del pago de las cuotas de capital e intereses de todas sus obligaciones negociables en circulación y de sus restantes obligaciones con acreedores financieros. Inmediatamente después, el Gobierno confirmó que estudia un plan de salvataje para la empresa.
Las explicaciones de IMPSA eran simples. La empresa no había podido hacer pie en la expansión de la obra pública dentro del país y, simplemente, Venezuela no había cumplido con los pagos prometidos.
¿El fin de una era?
@cburgueno


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