D’Elía amenaza con pueblada en Bs.As.

Luis D’Elía

Buenos Aires - El piquetero Luis D'Elía reaccionó ayer contra la decisión del Gobierno de Daniel Scioli de cancelar la aplicación de una polémica ley que incorpora al plantel docente a militantes sociales que se desempeñan en centros comunitarios. "Se le va a venir una gran movida comunitaria en toda la provincia de Buenos Aires", arengó.

La autora del proyecto en cuestión es, precisamente, la diputada Alicia Sánchez, esposa del dirigente. "Esto va a generar una enorme disputa política en la provincia", advirtió.

Tras la difusión de la norma que fue sancionada la semana pasada por el Senado bonaerense, el Gobierno provincial anunció ayer que la vetará.

La decisión fue comunicada por el subsecretario de la Jefatura de Gabinete provincial, Carlos Gianella, a través de su cuenta de Twitter.

"La provincia va a vetar la Ley 79.413/14 con la que no estuvimos de acuerdo durante su tratamiento. Queremos docentes que estudien", señaló el funcionario en la red social. La norma convierte a los militantes, que no tienen necesariamente formación profesional, en docentes con todos los derechos y obligaciones de la Ley 10.579 del Estatuto Docente provincial.

Antes que Gianella, las autoridades educativas ya habían puesto reparos a la legislación aprobada.

Néstor Ribet, subsecretario de Educación de la provincia de Buenos Aires, advirtió que "los estatutos docentes establecen que quien esté al frente de chicos tiene que tener el título correspondiente".

"Como Estado tenemos que velar para que quien esté al frente de alumnos haya tenido la formación y la acreditación que corresponde, sin duda", sostuvo en declaraciones a radio La Red el funcionario, quien sin embargo admitió la existencia de jardines comunitarios y que concluyó que "negarlos sería ver para otro lado".

La Ley de Incorporación de la Modalidad de Escuela Comunitaria al Sistema de Educación Formal (proyecto D79.413-14) consta de 15 artículos y fue aprobada por el oficialismo, con apoyo de todos los bloques, con excepción del Frente Renovador.

Se basa en los lineamientos de la "inclusión" e incorpora unos 350 centros comunitarios que atienden a decenas de miles de chicos con la jerarquía de "escuelas de nivel inicial", por lo que pertenecerán al sistema de educación formal.

La norma se aprobó en la misma semana que surgió una polémica por las nuevas medidas con respecto a las calificaciones escolares, con la eliminación de los aplazos de entre 1 y 3, para que las notas pasen a ser de entre 4 y 10, mientras que serán desaprobadas las notas de hasta 6.

Durante la sesión en la que se aprobó la norma, las diputada Sánchez destacó que el proyecto busca "reconocer el valor y la dignidad del trabajo que mujeres y hombres sostienen cotidianamente en las instituciones comunitarias, motivadas con el único objetivo de promover la inclusión social a través de la educación".

Ayer, su esposo subrayó que el gobernador resolvió el veto por "ignorancia, porque no sabe" y atribuyó esa decisión a "dos horas de apriete de los medios (de comunicación)".