El Senado aprobó a fines del año un proyecto de ley sobre alquileres -empujado por la legisladora kirchnerista Silvina García Larraburu- que deja claro que no podrá "requerirse del locatario el pago anticipado por períodos mayores a un mes" y tampoco "depósitos de garantía o exigencias asimilables por cantidad mayor del importe equivalente a un mes de alquiler".
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La iniciativa además señala que el plazo mínimo de los contratos de alquiler deberá ser de tres años y no de dos, como ocurre actualmente, y se establece que el precio "sólo podrá ser reajustado anualmente", a diferencia del ajuste semestral que empezaron a aplicar las inmobiliarias en el último año.
Sobre este punto, se fija que el reajuste anual deberá hacerse sobre la base de la evolución de los índices de precios al consumidor (IPC) y del coeficiente de variación salarial (CVS), "promediados en partes iguales".
Tras la aprobación del proyecto, senadores K alertaron por una supuesta intención del oficialismo de avanzar con una nueva ley en Diputados, es decir, un proyecto "tapón" que trabaría el debate. Por caso, el año pasado se dio esa situación con la ley que baja las comisiones de las tarjetas de crédito y débito.
Días atrás, Larraburu envió una nota al titular de la Comisión de Legislación General de Diputados, Daniel Lipovetzky (PRO), la activación del debate. "Los 6,5 millones de inquilinos necesitan de una norma que permita transparentar al mercado y evitar que propietarios e inquilinos tengan que regirse por una situación jurídicamente ambigua", se quejó la legisladora rionegrina del Frente para la Victoria.
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