El kirchnerismo aprovechó mal paso del Ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, por el Congreso y amplió la denuncia penal por el Correo-Gate, que tiene a su cargo el juez Ariel Lijo. Así el diputado Rodolfo Tailhade solicitó que se expanda la nómina de funcionarios investigados ya que el ente regulador de telecomunicaciones (ENACOM, que funciona bajo la órbita de Aguad) decidió el año pasado no cobrarle una multa de $300 mil a Correo Argentino S.A, contra lo que determinó un fallo judicial.
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Esto se sumaría al expediente iniciado por el acuerdo preventivo considerado "abusivo" por la fiscal de Cámara, Gabriela Boquín cuya contramarcha fue resultado del cisma político que generó la posible quita de la deuda que SOCMA arrastraba y que había también tenido contra denuncias.
En 2004 el Estado inició una acción judicial para cobrar una multa que la empresa se negaba a pagar. Finalmente la Justicia en lo Contencioso Administrativo federal le ordenó a la empresa abonarle $279.505,98 al Estado, pero el organismo desistió de ejecutar la sanción. Lo mismo le habían espetado a Aguad durante su comparecencia ante los legisladores.
De acuerdo con la ampliación de la denuncia, el 11 de septiembre de 2012 la Cámara de Apelaciones del fuero confirmó el fallo de primera instancia, por lo que el 24 de noviembre de 2015 -a pedido del Estado-, el juez expidió el certificado de deuda correspondiente por los casi $300 mil. Tras la asunción de Mauricio Macri, el 8 de abril, el ENACOM cambió la representación legal y se llevó copias del expediente. Y el 25 de noviembre de 2016 se presentó la abogada María Inés Rossi en representación del ENACOM para "desistir" del certificado de deuda requerido por el propio Estado un año antes, solicitando también el archivo de la causa. Para Tailhade esta fue una nueva "condonación a la empresa familiar", que no descartó que se replique en otras reparticiones del Estado, dado que podría haber pleitos iniciados por otras firmas del holding a partir de sus negocios con el Estado.
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