Derrumbe hizo volar ya a un funcionario

El desplazamiento de un funcionario, una denuncia penal, un allanamiento y el impulso de un desfile de agentes de la administración macrista en la Legislatura porteña se desencadenaron ayer tras el derrumbe del barrio de Villa Urquiza.

Mauricio Macri intentó frenar una catarata de críticas y forzó el desplazamiento de Raúl Oscar Ríos, el titular de la Agencia de Control Gubernamental de la cual dependen parte de los inspectores, quien había sido nombrado en enero pasado en ese cargo. Como consecuencia del derrumbe producido en la calle Mendoza al 5000, del barrio porteño de Villa Urquiza, en donde murieron tres personas, la lupa comenzó a posarse en áreas clave del Gobierno de la Ciudad relacionadas con la fiscalización. Sin embargo -y el Gobierno porteño se ocupó de aclararlo-, fue la participación de Ríos en el directorio de Boca Juniors, que integra, la que desató la decisión. El funcionario, el martes, cuando los equipos de rescate intentaban encontrar con vida a dos desaparecidos, se entregó a votar el nuevo contrato de Juan Román Riquelme.

«No tiene nada que ver con el derrumbe, se definió su salida por demostrar falta de sensibilidad ante la situación, fue por algo personal, no por la actividad de la agencia», aclaró el ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, quien participó durante las tareas de rescate.

En un comunicado, el Gobierno porteño explicó que Macri consideró «inaceptable» que Ríos haya participado de una reunión de Comisión Directiva del Club Boca Juniors, mientras la administración de la Ciudad «concentraba sus esfuerzos en las tareas de rescate de las dos personas que aún permanecían atrapadas entre los escombros» y que por eso le pidió al funcionario que dejara el cargo.

«Entendí las razones y presenté mi renuncia en forma indeclinable», afirmó.

De todos modos comenzará a avanzar hoy en la Legislatura porteña la presentación de proyectos de citaciones a funcionarios relacionados con el control de las obras en construcción.

El único legislador de la izquierda, Marcelo Parrilli, apresuró ayer una denuncia penal contra el jefe de Gobierno que recayó en el juzgado de Norberto Oyarbide, quien lleva también la causa por escuchas en la que procesó a Macri. El diputado acusó a Macri por la supuesta «comisión de los delitos de violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público, en concurso real».

Lo relacionó con la «designación del titular de la Dirección General de Protección del Trabajo, Angel Eduardo Rodríguez, quien no posee título alguno de especialización en Higiene y Seguridad del Trabajo», a quien también denunció junto con el ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera. Por la tarde, Oyarbide allanó las oficinas del ministerio y retiró el expediente de designación de Rodríguez.

También el bloque de la Coalición Cívica que conduce Fernando Sánchez anticipó que se hará un pedido de citación de funcionarios a la Legislatura, mientras que el diputado Daniel Amoroso (ex PRO) presentó un proyecto que pide que sean citados a la Legislatura en un plazo de 48 horas el subsecretario de Trabajo del Gobierno porteño, Miguel Angel de Virgilis, y de Rodríguez. Amoroso pidió la citación para que «brinden explicaciones en relación con la denuncia realizada por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), el pasado 17 de junio, en referencia a la obra de la calle Mendoza 5042».

Del kirchnerismo, Juan Cabandié pidió directamente la renuncia de Ríos y de José Ángel Báez, director de control y fiscalización de obras.

Los legisladores consideran una falla que ante la denuncia de la UOCRA, entre otros puntos por falta de apuntalamiento de los muros, los inspectores hayan concurrido tres veces al lugar pero sin realizar la tarea porque no encontraron a nadie. El secretario del Gobierno porteño, Marco Peña, explicó que la denuncia se refirió a la etapa de demolición y que en la última visita se habría comprobado que estaba concluida.