Desalojo violento en Jujuy dejó al menos 3 muertos y más de 60 heridos

La batalla campal se produjo cuando la policía intentó hacer cumplir una orden de desalojo dispuesta por la Justicia sobre un predio perteneciente a la familia Ledesma. Hubo disparos de bala de goma, de plomo, piedras y gases lacrimógenos que derivaron en tres muertos y varias decenas de heridos, entre ellos uno de gravedad.

Jujuy - La provincia se tiñó de tensión, violencia y tragedia ayer, de la mano del desalojo policial de un predio de la empresa azucarera Ledesma usurpado en la localidad de Libertador General San Martín, que se cobró al menos la vida de un policía y de dos civiles por disparos de arma de fuego -aunque anoche había versiones extraoficiales en torno a otros dos fallecidos-, y que dejó además un tendal de más de 60 heridos y 12 detenidos.

Al cierre de esta edición, un hombre se encontraba en estado de coma profundo en el hospital Pablo Soria, de la capital provincial, con pronóstico crítico, tras recibir un balazo en el cráneo.

De esta manera, el drama del déficit habitacional que impacta en buena parte del país (aunque con especial virulencia en las provincias norteñas) y que se potencia con los aires electorales volvió a tomar ribetes sangrientos, como en el caso del operativo desplegado en diciembre de 2010 en el porteño Parque Indoamericano, con tres muertos.

Pasadas las 22, el accionar policial se cobró la primera víctima política, al renunciar el ministro de Gobierno, Pablo La Villa.

Los incidentes de ayer -que se dividieron en dos tramos- estallaron en medio de un desalojo policial iniciado tras una orden judicial emitida antes de la feria por el magistrado de San Pedro, Jorge Zaman, y habilitada por su par Carolina Pérez Rojas. Anoche había tensión, ya que los usurpadores volvieron al lugar.

La familia Blaquier, propietaria del predio de 12 hectáreas, había realizado la denuncia por la toma la semana pasada, aunque recién a las 6 de ayer los efectivos desembarcaron en el terreno, que estaba siendo ocupado desde hace una semana por cerca de 500 familias, con el apoyo de la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

Allí se dio el primer enfrentamiento entre los uniformados y los manifestantes, que trataron de resistir con pedradas y que, según fuentes policiales, también respondieron con disparos de armas de fuego y con bombas molotov. En circunstancias que ayer se investigaban, un efectivo policial recibió un balazo en el cuello y arribó a las 9.50 sin vida al hospital Oscar Orías.

Cerca de las 10, los manifestantes desplazados se dirigieron entonces hacia la Ruta 34, a la altura del puente San Lorenzo, donde cortaron el tránsito. En ese lugar se habría producido un nuevo enfrentamiento, aunque ayer no estaba confirmado si la muerte de dos civiles por disparos de armas de fuego (que arribaron al hospital a las 12.30) se produjo en este episodio o en el registrado más temprano, durante el desalojo.

Por la tarde, el mandatario justicialista Walter Barrionuevo separó del cargo al responsable del operativo policial, el comisario Néstor Vera. En paralelo, la Casa Rosada -a través de la Secretaría de Derechos Humanos- expresó ayer su «honda preocupación» por los incidentes y advirtió que «las únicas herramientas útiles para la solución de la problemática social parten del diálogo y no de la represión». En esa línea, remarcó que el Gobierno nacional «desde mayo de 2003 ha desterrado el uso de la fuerza y la violencia para resolver conflictos de este tipo».

En este marco, ayer estalló la polémica en torno a la presencia de armas de fuego, ya que los activistas aseguraron que fueron munidos sólo con piedras, mientras que las fuerzas de seguridad -se afirmó-concurrieron sin armas de fuego y equipados con fusiles con balas de goma y lanzaderas de gases. Ello, en línea con la decisión del Consejo de Seguridad Interior de que las policías provinciales enfrenten sin armas de fuego las protestas sociales.

En reacción, activistas de la CCC desplegaron cortes de ruta en distintos puntos de Jujuy y de otras provincias. Por caso, hubo bloqueos en la Ruta 34 y en la Ruta 9.

La muerte del policía fue confirmada por el intendente de Libertador San Martín, Jorge Ale. Se trata de Alejandro Farfán, de 23 años, domiciliado en la localidad de Calilegua y que recibió un disparo de arma de fuego en el cuello. Ale aseguró también que pidió el «cese de la represión policial» a las autoridades del Juzgado Penal de San Pedro, que había ordenado el desalojo.

Por su parte, el titular del hospital local, Roberto Maizel, confirmó el fallecimiento de dos manifestantes por balas de plomo en el pecho, de apellidos Reyes Pérez y Heredia, que se sumaron al policía que había muerto por la mañana.

Al menos sesenta personas fueron atendidas por diferentes lesiones, entre ellas heridas de bala de plomo y de goma y piedrazos. En ese lote se encontraban cerca de 30 policías y dos niños de corta edad por afecciones respiratorias por la inhalación de gases.

Ayer, el dirigente de la CCC local, Enrique Mosquera, aseguró que la resistencia se hizo con «piedras» y no con armas de fuego. «Nadie está armado: nos defendimos con piedras, tiramos piedras y nos fuimos», aseguró Mosquera, además de responsabilizar por las muertes al «Gobierno nacional, al provincial y al juez Zaman».