Descongelan Cristina y Mujica polémico dragado

José Pepe Mujica

Los gobiernos de la Argentina y Uruguay comenzaron a descongelar el proyecto de dragado del canal Martín García que permite el acceso al puerto de Montevideo, según adelantó ayer el diario La República de esa capital. Según ese medio, vinculado con el Gobierno de José Mujica, es «inminente» que las dos administraciones firmen un nuevo acuerdo para sacar ese emprendimiento de la Comisión Administradora del Río Uruguay y confiarlo a un nuevo ente binacional que será el responsable del dragado de esa vía hasta alcanzar los 34 pies de profundidad.

Esos trabajos sobre el canal, que hoy tiene una profundidad de 32 pies, serán objeto de un nuevo contrato cuyos detalles, como adelantó este diario, se tratarán en una reunión en fecha no definida entre Mujica y Cristina de Kirchner. El mandatario uruguayo dijo el fin de semana que ese encuentro «será para cosas concretas, no para ir a sacarnos fotos». En declaraciones al canal de cable VTV, Mujica admitió que hay dificultades en las relaciones con la Argentina que, afirmó, «está con una política muy tendiente a encerrarse, proteccionista. Seguramente -agregó- que nos afecta. Nosotros estamos en una lucha por encontrar ventanas para que no nos afecte tanto», aseguró. Señaló que su mayor preocupación es la navegabilidad del canal Martín García. «Aspiro a no tener temporada de puentes cortados», advirtió el mandatario en alusión al conflicto por la planta de celulosa de Fray Bentos que provocó protestas con cortes de los puentes internacionales durante varios meses.

Según el formato que negocian los dos países para retomar los trabajos de dragado, éstos quedarán fuera de la CARP, ente en el cual se produjeron serios conflictos entre las dos partes a partir de una denuncia de un funcionario uruguayo sobre la mención de la palabra «coima» en la renovación del contrato actual con una empresa holandesa. La publicación uruguaya citó «altas fuentes» que admitieron que el tema se encuentra «encapsulado» por parte de Montevideo y Buenos Aires para impedir que otros conflictos (bloqueo de importaciones, contaminación de la pastera de Fray Bentos) pueden incidir en el espíritu de decisión sobre el tema concreto.

Sacar el contrato por el dragado de la CARP implica apartar del debate a dos funcionarios que representan a sus países en esa mesa que administra el Tratado del Río de La Plata firmado en 1974 por Juan Perón y José María Bordaberry. Se trata del actual delegado y jefe de Gabinete del canciller Luis Almagro, el exembajador en Buenos Aires Fernando Bustillo, y de su contraparte argentino, Hernán Orduna. Bustillo fue quien paralizó el trámite de renovación del contrato que ejecuta la firma Riovía desde hace años y que tiene un monto de entre u$s 12 millones y u$s 18 millones al año cuando formuló una denuncia sobre la presunta mención de esa «coima» en una reunión privada con el diplomático argentino Roberto García Moritán, quien negó esa historia.

Según la Argentina, Bustillo habría hecho esa denuncia para frenar el llamado a licitación del nuevo contrato de esas obras para, de ese modo, prorrogar el compromiso de la firma Riovía. El entuerto alcanzó hace un mes un nivel alto de irritación entre los cancilleres Almagro y Héctor Timerman, quien llegó a preguntarse «quién protege a Riovía». También reclamó que se hicieran públicas las actas de sesiones de la CARP del 4 de mayo pasado, cuando esa comisión resolvió que no habría concurso, sino nueva licitación. Veinticuatro horas más tarde, la revista uruguaya El Observador publicó detalles de la denuncia que había hecho Bustillo ante funcionarios de su país.

Apartarlos a Bustillo y a Orduna del trámite del contrato de dragado facilitaría, en la percepción de los dos gobiernos, que antes de fin de año se liciten los trabajos, que son vitales para el Uruguay porque permiten la plena operabilidad del puerto de Montevideo.