Desfile de funcionarios de Macri por Tribunales: hoy, ministro de Educación

El ministro de Educación porteño, Mariano Narodowski, deberá presentarse hoy a declarar como testigo ante el juez Norberto Oyarbide, en la causa que investiga la intervención irregular de los celulares del empresario Carlos Ávila y de Sergio Burstein, integrante de la Asociación de familiares de las víctimas del atentado a la AMIA. Así continuará el desfile de funcionarios macristas por Comodoro Py: ayer se presentó a declarar el actual jefe de la Policía Metropolitana, Osvaldo Chamorro, quien confirmó que James, principal sospechoso del caso hasta el momento, iba a trabajar en esa fuerza. Ya pasaron, además, por el juzgado tres funcionarios porteños.

El ministro de Educación fue citado como testigo, a partir de una nueva declaración de Burstein, quien se presentó en el juzgado y señaló que Narodowski lo había llamado el jueves pasado para disculparse por el caso vinculado a Ciro Gerardo James, abogado y ex policía, que trabajó hasta el 1 de octubre pasado como asesor de la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y cuya renuncia le fue aceptada el mismo día que fue detenido.

Según Burstein, durante la conversación, el ministro de Educación -a quien conoce desde la escuela primaria- señaló que no sabía qué función específica cumplía James en su cartera, pero que sí lo conocía de cruzarse en los pasillos con él y que estaba enterado de que había pedido su renuncia porque iba a ser nombrado en la Policía Metropolitana. Oyarbide citó a Narodowski para que confirme y amplíe esta información.

La causa de las escuchas se inició hace un mes aproximadamente, con una presentación de hábeas corpus de Burstein, quien denunció un llamado anónimo que le había advertido que Jorge «Fino» Palacios lo estaba espiando. El ex jefe de la Policía de Macri fue procesado por el juez Ariel Lijo, hace 20 días, en la causa por las presuntas irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA.

Oyarbide confirmó que el celular de Burstein estaba pinchado y que la intervención había sido pedida por dos jueces de Misiones (Horacio Gallardo y José Luis Rey) (en el marco de una pesquisa sobre una banda de narcotraficantes y el asesinato del contador José María Piccoli). Luego el magistrado detectó que había sido James, ex oficial de la Policía Federal, quien había retirado las grabaciones de las oficinas de la SIDE y las había trasladado hasta Misiones, aun cuando ya había pedido la baja como agente y estando de licencia. Según él, fue como una «atención» a la Policía y para acelerar los trámites de la pesquisa. Lo que todavía se investiga en el juzgado es si James fue quien dio el dato del celular de Burstein como un supuesto implicado en la causa de Misiones, como aseguraron los policías de esa provincia que impulsaban el operativo.

El abogado detenido también declaró la semana pasada que había trabajado para el Ministerio de Educación porteño (los contratos fueron encontrados en su domicilio durante un allanamiento) y que no tenía una relación personal con Palacios, pero que lo conocía ya que ambos habían trabajo en la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal. Agregó que había tenido una reunión con el ex jefe de la Policía Metropolitana para entrar a esa fuerza y que en ella habían estado también presentes Osvaldo Chamorro, actual jefe la Policía de la Ciudad, y un ex subcomisario de apellido Pittaluga, quien habría sido dado de baja en la Policía Federal en 2004 por una denuncia de armado de causas y sería colaborador de Palacios.

Chamorro se presentó ayer ante el juez Oyarbide y confirmó que James estaba a punto de ingresar en la Policía de la Ciudad como inspector del área de Investigaciones o de Legales (esto no se había definido), lo que en un principio había sido negado de manera tajante por el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro. También ratificó la reunión informada por James y señaló que él no supo que el abogado trabajaba para el Ministerio de Educación, hasta que presentó su renuncia para evitar la incompatibilidad de ocupar dos cargos públicos.

En el juzgado señalaron, además, que el jefe de la Policía Metropolitana había reconocido que en la fuerza había policías con contratos de locación de servicios en la Universidad de 3 de Febrero, por los que cobraban de $ 1.500 a $ 6.000, y que duraban hasta que se oficializara su baja en la Policía Federal. El contrato de James con Educación también era de locación de servicios, pero la diferencia es que dependía de otra cartera y que, según declaró la jefa de Gabinete de ese ministerio, Roxana Barroso, el abogado se desempeñó efectivamente como su asesor hasta principios de octubre, si bien nunca firmó ningún informe y/o documentación, más allá de su contrato.