Detuvieron anoche a Jorge Palacios

Norberto Oyarbide

El ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge «Fino» Palacios, fue detenido anoche por orden del juez federal Norberto Oyarbide en el marco de la causa en la que se investigan las intervenciones supuestamente ilegales de los teléfonos del empresario Carlos Ávila y de Sergio Burstein, familiar de las víctimas de la AMIA.

Palacios fue trasladado alrededor de las 20.30 a la Comisaría 46ª de la Policía Federal, ubicada en Avenida de los Inmigrantes 2550 del barrio de Retiro, donde pasará la noche. El juez lo indagará hoy, cerca del mediodía. El arresto del ex titular de la fuerza porteña se desencadenó luego de que el fiscal a cargo de la causa, Jorge Di Lello, recomendara negar el pedido de exención de prisión que Palacios había presentado el lunes pasado.

A eso se sumaron los pedidos de detención de Palacios y el ahora ex jefe de la fuerza porteña, Osvaldo Chamorro, presentados ayer por el fiscal especial de la AMIA, Alberto Nisman, y por Sergio Burstein, ambos querellantes en la causa. Oyarbide también analiza la situación de Chamorro, quien presentó su renuncia ayer como jefe interino de la Policía Metropolitana (ver aparte), al descubrirse que habría pedido una serie de informes sobre la situación patrimonial y financiera de políticos y sindicalistas opositores, y hasta del jefe de Gabinete del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En el juzgado explicaron que la detención se había firmado junto con la disposición del juez que negaba la exención de prisión de Palacios, si bien no era obligatorio el arresto. Durante la tarde, la fiscalía había argumentado que si se otorgaba la medida, el ex jefe de la fuerza porteña pasaba a estar involucrado en el expediente y, en consecuencia, podía tener acceso a él. Palacios todavía no está imputado por ningún cargo, pero se lo detuvo por su supuesta vinculación en las pinchaduras irregulares.

En sus presentaciones, Nisman y Burstein argumentaron que, tanto el cruce de llamados confirmados entre Palacios, Chamorro y el principal imputado en la causa, Ciro Gerardo James (procesado con prisión preventiva), como las fechas en que se produjo la pinchadura a Burstein acreditarían la vinculación de los ex jefes de la fuerza porteña con el supuesto espía.

Nisman fue más lejos todavía y sostuvo en el escrito presentado que «Palacios no sólo ordenó, sino que además monitoreó, supervisó y controló personalmente cada paso que se dio en la escucha ilegal a Sergio Burstein». Por eso, le imputó los supuestos delitos de «violación de la intimidad mediante la intrusión telefónica agravada, abuso de autoridad en el ejercicio de su cargo como jefe de la Policía Metropolitana y partícipe necesario de los delitos de falsificación de documentos públicos reiterada en cuatro oportunidades».

El fiscal destacó también que la misma modalidad que se usó para intervenir el teléfono del familiar de la AMIA se aplicó en las pinchaduras de los empresarios Carlos Ávila y Alfredo Coto, dos de sus gerentes, el abogado Francisco Castex, Jorge Navarro (hermano del titular del grupo Exxel) y el cuñado del jefe de Gobierno porteño, Néstor Leonardo. Las intervenciones siempre se habrían iniciado a través de un dato falso con el que el celular intervenido se incorporaba a una causa de los juzgados de Instrucción 1 y 2 de Posadas, y todas las grabaciones eran retiradas por James.

Supervisión

El escrito del fiscal de la AMIA también detalla cómo el cruce de llamados entre James y Palacios crecería ante cada paso de la intervención a Burstein, y asegura que «Palacios monitoreó, supervisó y controló cada paso que se dio en la investigación, en pos de obtener los CD con las escuchas de Burstein».

Además de pedir la detención y declaración indagatoria de Palacios y Chamorro, Burstein también solicitó que se citara a indagatoria al ministro de Educación porteño, Mariano Narodowski.

La presentación indica que James estuvo vinculado a la cartera porteña desde el 16 de marzo de 2008 hasta el 28 de setiembre de 2009 y, durante ese período «no registra tareas legales acreditadas en dicho ámbito pese a haber embolsado durante la vigencia de su contrato una cifra aproximada a los ciento once mil pesos».