Deuda con jubilados es ya 3% del Presupuesto

Diego Bossio

La Cámara Federal de la Seguridad Social comunicó una vez más que se encuentra «colapsada» ante el ingreso semanal de miles de causas de jubilados contra el Estado. Sin embargo, esto sólo en parte puede resolverse desde la Justicia: ni más tribunales ni más jueces van a poder solucionar lo que el Estado no puede pagar.

Este es el conflicto básico al que se enfrenta hoy la Administración Nacional de Seguridad Social. Según los cálculos del organismo, sólo aplicar el «fallo Badaro» de la Corte Suprema implicaría destinar unos $ 8 mil millones del Presupuesto nacional por año para cumplir ese objetivo. Es decir, el 3% del Presupuesto debería estar destinado a resarcir a los jubilados que inician demandas contra el Estado por el reajuste de sus haberes.

En el caso Badaro, de noviembre de 2007, la Corte estableció que la ANSES, actualmente a cargo de Diego Bossio, debía reajustar en un 88,2% la jubilación del demandante, en función de la evolución de los salarios informada por el INDEC, debido a que su pensión no se había incrementado entre 2002 y 2006, a pesar del aumento generalizado de precios.

Este precedente abrió el camino para más de un millón de jubilados para demandar al Estado por ajustes similares. A esto se suman las demandas que responden a períodos posteriores a 2006 pero que realizan un planteo similar en función de las subas salariales registradas por el INDEC de 2007 en adelante. Y este cálculo sólo se refiere al caso Badaro, no al resto de las demandas que jubilados comienzan contra el Estado por distintas razones.

A pesar de que se han ensayado respuestas desde distintos sectores (el Congreso, por ejemplo, aprobó la ley de reajuste jubilatorio tras el caso Badaro), nada parece poder apaciguar el ritmo de demandas contra el Estado en el fuero de la Seguridad Social.

Según estadísticas de la Cámara Federal de la Seguridad Social, entre febrero y mayo de 2010 ingresaron al fuero 38.276 nuevas causas, lo que significa un promedio de 2.392 expedientes por semana. También hubo un aumento del 42% en el ingreso de causas en segunda instancia, ya que la cifra llegó a los 11.803 procesos, mientras que en 2009 se registraron 8.327 causas.

Crítica

En la acordada que la Cámara Federal de Seguridad Social firmó la semana pasada, el juez Luis Herrero (quien votó en contra de la resolución que creó una sala y cinco juzgados más en ese fuero) señaló que «crear más juzgados y más salas dejando intacto el oprobioso sistema judicial actual diseñado por Domingo Cavallo en 1995 en perjuicio de los jubilados -obligándolos a promover un juicio ordinario de 7 años para gozar de una garantía constitucional-, es como limitarse a comprar más y más camas en un hospital en lugar de concentrar todas las energías en procura de destruir el virus que ocasiona la enfermedad endémica».

La afirmación apunta a criticar un sistema que está precisamente armado para desincentivar la demanda, con la esperanza de que el desgaste de tiempo, recursos y años (los demandantes siempre pertenecen a la tercera edad) «filtre» los procesos y el Estado, en última instancia, pague menos.

El problema en todo caso es que, a pesar de la conciencia que existe sobre los problemas que presenta este sistema, así como los pronunciamientos firmes que existen en favor del aumento de los haberes jubilatorios, las arcas del Estado no dan abasto para cumplir con los ideales. Al menos, por cómo está diseñado en este momento el reparto del gasto.

Frente a este panorama, es el Ejecutivo el que debe encontrar una vía para no seguir alimentando un sistema judicial ya colapsado y que aumenta progresivamente a medida que pasan los años; una solución colectiva sobre la que la ANSES pueda responder y dé una respuesta a los demandantes. Mientras tanto, a pesar de las quejas del fuero de la Seguridad Social y de otros sectores de la sociedad, el sistema va a continuar de esta manera.