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Dictador libio no atiende el teléfono a Moreno Ocampo
Moreno Ocampo, junto con un equipo de 300 personas, que incluye a 12 investigadores principales (en su mayoría árabe-parlantes), al exjuez español Baltasar Garzón y a su coterránea Dolores Delgado, fiscal de la Audiencia Nacional, recaba evidencia sobre los crímenes de lesa humanidad que se habrían cometido entre el 15 y el 28 de febrero, ya que a partir de allí «Libia entró en un conflicto armado que incluiría crímenes de guerra, que pudieron ser cometidos por diferentes partes en conflicto», dijo en entrevista telefónica con este diario. «Vamos a segmentar la investigación: primero sobre los de lesa humanidad y después veremos si hay que seguir con los de guerra», agregó.
Plazo
Fueron los 15 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas los que a fines de febrero, por unanimidad, aprobaron la Resolución 70 que encargó a la CPI la investigación a partir del 15 de febrero de 2011 (para evitar un proceso dilatado, como fue en el caso del «carnicero de los Balcanes», Slobodan Milosevic).
Moreno Ocampo, el fiscal que acusó a las juntas militares argentinas, deberá entregar su informe el 4 de mayo, donde figurarán las pruebas de esos ataques y quiénes ordenaron los crímenes. Luego, a los dos o tres meses, la Corte podría ordenar el arresto de los acusados.
Lista
«Hemos tratado, sin éxito, de establecer comunicación a través de algunas embajadas de Libia con Gadafi, con sus hijos y con otros incluidos en la lista», dijo desde La Haya. La misma, en la que figuran el dictador libio, dos de sus hijos, y sus jefes de Seguridad e Inteligencia, entre otros, fue dada a conocer en la primera semana de marzo y es, según el fiscal, «una lista de los responsables a los que hemos alertado deben contestar en esta investigación». Si bien Gadafi «no tiene ningún cargo oficial en Libia, sí (detenta) un poder de hecho (de facto) sobre las tropas». Fuentes del mundo árabe aseguraron que Moreno Ocampo y su equipo estarían por trasladarse a Egipto y Libia para buscar evidencias, pero el fiscal lo descartó de plano, alegando «además de mantener confidencialidad sobre nuestros movimientos, no podemos exponer a nadie, ni pedir testimonio a personas que tengan familiares en Libia para evitar cualquier tipo de represalia», aseguró a Ámbito Financiero.


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