Luego de que 24 horas antes no se hubiera podido conformar el quórum, ayer por la mañana se reunió de urgencia un plenario de las comisiones de Justicia y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para firmar el dictamen sobre el proyecto que crea una matrícula federal para litigar en ese fuero y ante la Corte Suprema de Justicia. Como reveló Ámbito Financiero, la iniciativa impulsada por el ala radical de Cambiemos desató un feroz enfrentamiento con colegios de abogados del país, encabezados por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) que se opone a que ese nuevo registro de letrados habilitados para litigar quede bajo control de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). En el medio, la disputa tiene como trasfondo el manejo de una caja millonaria surgida de los costos que la flamante matrícula costará a los abogados, cuyos fondos (y los que provea el propio Estado) estarán administrados por la FACA.
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La reunión entre diputados de ayer evidenció también una grieta surgida dentro del propio frente Cambiemos. El Frente para la Victoria se negó a firmar el dictamen, pero hubo varios macristas que tampoco coincidieron con el proyecto, principalmente apuntalado por el radical Diego Mestre, titular de la Comisión de Justicia. El número para la firma estuvo dado por los representantes del Frente Renovador encabezados por Graciela Camaño. Jorge Rizzo, desde el CPACF, salió fuertemente a cruzar a los legisladores que apoyaron la medida. Pablo Tonelli dio el quórum pero se retiró antes de votar. Algo similar ocurrió con los diputados del PRO Álvaro González y Anabella Hers (esta última integrante de la agrupación de abogados que domina el CPACF), quienes no estamparon sus firmas. Daniel Lipovetzky -también del macrismo- tampoco rubricó el proyecto de ley, que se puso en discusión a fines de la semana pasada, en un tratamiento contra reloj para llegar al recinto. Estaba en la hoja de ruta de la sesión de ayer, aunque hubiera estado recién salido del horno. La diputada de izquierda Myriam Bregman se opuso a acompañar la estrategia de un sector del oficialismo.
En el CPACF relacionaron la intención de apurar esta matrícula especial con los juicios de jubilados en el marco de la Ley de Reparación Histórica y a un fuerte lobby impulsado por la FACA, que es un organismo privado, por sobre los colegios públicos.
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