Diputados aceleró maratón de leyes

Mientras Diputados apuraba la maratón de leyes de fin de año, el Senado no quiso quedarse atrás. Aníbal Fernández reunió por primera vez a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para emitir de inmediato el dictamen del Presupuesto 2012.

Diputados aprobó los dos proyectos contra el lavado de dinero que incorporan penas por delitos económicos y financieros y agravan la punibilidad de los delitos con finalidad terrorista. Ese debate se inició poco después de las 19.30, luego de la aprobación del proyecto que declara de interés público la producción, distribución y fabricación de papel para diarios.

Mientras tanto, en el Senado avanzaba también el paquete de leyes de fin de año que el Gobierno le pidió al Congreso. Casi sin respiro, se reunió la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la primera vez con la presidencia de Aníbal Fernández, para avanzar con el debate del Presupuesto 2012. Habrá dictamen el lunes próximo, después de una visita de Hernán Lorenzino, ministro de Economía, y el miércoles será ley en el recinto.

En Diputados también se preparaba anoche el debate de las modificaciones al régimen penal tributario, la ley que limita la extranjerización de tierras y el régimen del peón rural, que esperaban para la madrugada.

Uno de los proyectos busca modificar el artículo 41 del Código Penal, que establece cambios sustanciales en el tipo penal sobre terrorismo y su financiamiento, y el otro penaliza la manipulación del mercado financiero.

La sanción de estas normas fue solicitada por el ministro de Justicia, Julio Alak, que las consideró «trascendentes en la lucha contra la amenaza del terrorismo pero también en la adecuación de los estándares internacionales y ante el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)».

Por otra parte, Alak indicó que se crea un nuevo tipo penal de «financiamiento del terrorismo», que prevé penas de 5 a 15 años de prisión para «el que recolectase o proveyese fondos para la comisión de los delitos».

Hasta la actualidad, el delito de terrorismo sólo se configuraba ante la existencia de una asociación ilícita terrorista, que además de los requisitos que debía cumplir como toda asociación ilícita, exigía que esté organizada en redes internacionales.

La oposición no piensa lo mismo sobre el proyecto y, al mismo tiempo, cuestiona que castiga el uso de información reservada en el mercado para cometer fraude financiero por entidades que estén o no autorizadas para operar.

El proyecto que tipifica delitos bursátiles fue elaborado por Alejandro Vanoli. La oposición afirma que fue con el asesoramiento del ex Coalición Cívica Pedro Biscay.

Desde el radicalismo, el diputado Manuel Garrido cuestionó los proyectos y consideró que el tipo penal de terrorismo que propone el Ejecutivo «viola la necesaria certeza que debe existir para que no haya riesgo de represión indebida y de violación de derechos humanos».

Por el Frente Peronista, Gustavo Ferrari anticipó el rechazo de ese bloque y defendió su propio dictamen, al sostener que «no se aborda directamente la asociación ilícita terrorista», al destacar la importancia de tener «una fórmula cerrada que despeje cualquier duda sobre la voluntad de combatir el terrorismo».