Diputados avanzó ayer con la moratoria y el blanqueo de fondos

La oposición pidió modificaciones al proyecto, pero no fueron aceptadas por el oficialismo. Adrián Pérez y Patricia Bullrich por la Coalición Cívica y Federico Pinedo se retiraron de la reunión.

El kirchnerismo de Diputados emitió ayer el dictamen del proyecto de Cristina de Kirchner que establece una moratoria impositiva y previsional y un blanqueo para repatriar capitales. Para avanzar con ese paquete anticrisis, el oficialismo introdujo cambios en el proyecto para garantizar que se mantengan los controles sobre las operaciones de transferencias de fondos desde el exterior que pueden ser sospechadas de lavado de dinero y obligar a que los fondos repatriados permanezcan invertidos al menos dos años. En las modificaciones se coló también un privilegio para el sindicalismo moyanista: no entrarán en la moratoria impositiva y previsional las deudas que se mantengan con el sistema nacional de obras sociales.

Pero esas reformas por ahora no alcanzaron a seducir a otros diputados que no sean los kirchneristas. De hecho, los cambios al proyecto se introdujeron para conformar a la propia tropa oficialista y para corregir errores de técnica legislativa, pero no varió la posición del resto de las bancadas, incluidos los aliados del bloque kirchnerista que esta vez votarán en contra. Por lo tanto, la semana próxima el santafesino Agustín Rossi deberá reunir en soledad el quórum y el número necesarios para aprobar el proyecto.

Para comenzar, los diputados le cambiaron el nombre a la ley: desde ahora se llamará Régimen de Regularización Impositiva, cuando el gobierno hablaba de Normalización Tributaria.

Ya en el primer artículo se introduce un primer cambio para calmar al sindicalismo: se excluye de las deudas a regularizar con la moratoria a los «aportes y contribuciones con destino al sistema nacional de obras sociales». Es decir, Hugo Moyano le arrancó otro éxito al gobierno: podrá haber moratoria para todos los impuestos que cobra el Estado, pero no habrá jubileo para las deudas con la máxima caja sindical.

Se ratifica, además, uno de los puntos más conflictivos del proyecto, la suspensión de las acciones penales contra los evasores que se presenten a cancelar sus deudas, pero se aclara también que se interrumpe la prescripción de las causas, para evitar así que ante la falta de pago en el futuro no prescribieran esas acciones.

También se introdujeron cambios en el capítulo destinado a la regularización laboral. Uno de ellos establece que la reducción de 50% en el primer año y 75% en el segundo en los aportes para el caso de empleos nuevos o regularizados no «podrá afectar el financiamiento de la seguridad social, ni los derechos conferidos a los trabajadores por los regímenes de seguridad social». Pero la diferencia no la pondrán los empresarios, sino el Estado, ya que se aclara que el Poder Ejecutivo deberá realizar modificaciones presupuestarias para garantizar el financiamiento del sistema de seguridad social que no ingresará por la promoción laboral.

Pero el grueso de las modificaciones se hizo en el capítulo sobre blanqueo de capitales depositados en el exterior, el que más resistencias genera dentro del propio kirchnerismo. Por ejemplo, se estableció que el beneficio de pagar 1% sobre los fondos que se repatrien con destino a la «compra en el país de viviendas nuevas, construidas o que obtengan certificado final de obra a partir de la vigencia de la presente ley» deberán permanecer en «cabeza de su titular por un plazo de dos años».

El agregado tiene un doble efecto: precipitar el ingreso de fondos que se apliquen a la construcción, por el plazo lógico que insume levantar casas y edificios y, por otro lado, evitar que los fondos que ingresen se inviertan e inmediatamente sigan otro camino una vez blanqueados.

El cambio más importante sobre la redacción que envió la Casa Rosada al Congreso, de todas formas, se introdujo en el artículo 32, que fija las condiciones para declarar los fondos que ingresen desde el exterior y las investigaciones que deberán llevar adelante los organismos de lucha contra el lavado de dinero en el país.

Así, se corrigió el texto original incorporando que los sujetos que «efectúen la exteriorización» de sus activos «no estarán obligados a informar a la AFIP, sin perjuicio del resto de las obligaciones que correspondan, la fecha de compra de las tenencias, ni el origen de los fondos con los que fueron adquiridas», ni cumplir con el pago de impuestos más allá del que se les cobrará por la repatriación o ser investigados por evasión.

Pero se mantiene la redacción original que establece que «ninguna de las disposiciones de esta ley liberará a las entidades financieras o demás personas obligadas, sean entidades financieras, notarios públicos, contadores, síndicos, auditores, directores u otros, de las obligaciones vinculadas con la legislación tendiente a la prevención de las operaciones de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u otros delitos previstos en leyes especiales no tributarias, excepto respecto de la figura de evasión tributaria o participación en la evasión tributaria».

Los posibilidad de realizar cambios en el texto de la ley ya había sido reconocida por el jefe de la AFIP, Claudio Moroni, y por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, cuando visitaron esta semana el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación General para iniciar el debate de la ley ómnibus.

De hecho, para reforzar la idea de que no habrá violaciones a la legislación local en materia de control del lavado de dinero, la conducción del kirchnerismo llevó ayer a las comisiones a la directora de la Unidad de Información Financiera, Rosa Falduto. Fue otro intento más por calmar las dudas dentro de la propia bancada oficial.

Falduto rechazó que el proyecto «de vía libre» a quien quiera ingresar capitales sin explicar su origen: «Sólo ante la AFIP no tiene la obligación de dar esta información, pero sí ante las entidades financieras por las que ingresa al circuito», dijo con relación a los cambios que se estaban introduciendo en el artículo 32.

Pero las reformas no alcazaron ayer para calmar a la oposición ni para convencer a los aliados de siempre en el recinto de acompañar el proyecto. De hecho, quince diputados radicales, socialistas, peronistas disidentes e integrantes de la Coalición Cívica abandonaron la reunión minutos antes del final ante la negativa del oficialismo de escuchar sus pedidos de modificaciones.

Ahora el kirchnerismo intentará aprobar el proyecto el miércoles de la semana próxima en una sesión especial. Para ese momento Rossi deberá haber convencido a nuevos aliados para evitar que el oficialismo tenga que pelear por el paquete anticrisis en la soledad del recinto de Diputados.