Diputados: batalla clave hoy por ley para remover a Gils Carbó

La funcionaria no dejará el cargo con un mandato acotado a 5 años y anticipa pelea legal. Fiscales ya cuestionan artículos. Esquema de fuerzas se debilita en Senado y con miembros de la propia coalición.

Alejandra Gils Carbó y Graciela Camaño

 El proyecto de modificación de la ley del Ministerio Público Fiscal -cuyo dictamen de comisión está previsto que salga hoy de la Cámara de Diputados- activará movimientos en el plano político y judicial. El plazo para limitar el mandato de Alejandra Gils Carbó en cinco años y la aplicación retroactiva de la norma para que deba dejar el cargo el próximo año, serán los ejes de la resistencia de la procuradora general, que promete dar pelea legal, en base a la presunta inconstitucionalidad al recorte de su mandato. Pero a la vez, y por otros motivos, la iniciativa cosechará el rechazo de fiscales y abrirá una grieta dentro del propio frente Cambiemos, sin que su recorrido parlamentario encuentre allanado su pase por el Senado, donde ya se planean modificaciones a contramano de la estrategia oficial. La danza de nombres para su eventual reemplazo tampoco termina por conformar a la Casa Rosada, que ya evalúa si no es mejor una Gils Carbó "encorsetada" que un nuevo procurador impuesto por el peronismo.

El problema central es de tiempos. El Poder Ejecutivo apresura la reforma de la Ley orgánica mientras a la vez renueva la pirotecnia verbal sobre la funcionaria sin todavía haber encontrado una forma eficaz de relevarla de su cargo. En este escenario, con una eventual aprobación por parte del Congreso del acotamiento de su gestión, se anticipa una batalla legal con resultado incierto en la Corte Suprema en la que la funcionaria podría encontrar como aliados a los fiscales, muchos de los cuales han sido críticos con su rol como titular de la Procuración. Por eso, hace meses las líneas de diálogo fueron abiertas desde el edificio de la calle Perón con el objetivo de construir puentes con Comodoro Py y aflojar la tensión con el ala más dura. Atado a este proyecto se encuentra el de cambio de la Matrícula Federal con el que se le daría preeminencia para litigar en el fuero federal a la FACA, en detrimento del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Sería la cristalización del enfrentamiento entre el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el poderoso Daniel Angelici, actual vice del CPACF.

El plazo

El mensaje recibido por algunos interlocutores de la política fue que Gils Carbó estaría dispuesta a negociar su salida si los plazos que se impusieran en la modificación fijaran al menos 7 años de permanencia para que el mandato no esté atado al ejercicio del Ejecutivo. Los fiscales le reprochan que, a nivel institucional, su enfrentamiento haya generado que se ponga en discusión lo vitalicio del cargo. Varios creen que cuanto más fácil le sea al Gobierno desprenderse de Gils Cabó, más débil quedará la posición de los fiscales a nivel individual. Por esto es que, por lo bajo, también torpedearán su aplicación.

De acuerdo con los ejes del proyecto a los que accedió Ámbito Financiero se fijan una serie de controles mutuos con el Consejo General de Fiscales y la Comisión Bicameral del Congreso, hoy presidida por la massista Graciela Camaño. La reactivación tras 20 años de inactividad de ese órgano del parlamento fue considerada la llave del Gobierno para volver a presionar con una auditoría sobre la gestión de Gils Carbó. Su composición y su avance cauteloso desinflaron la idea de que pudieran obtener de allí una causal de juicio político. La jefa de los fiscales aguarda su convocatoria para blindarse: anticipa que puede responder que estadísticamente es la que menos traslados de fiscales realizó durante su mandato y que se impugnan facultades discrecionales del procurador contenidas por ley; y que su modificación al sistema de jurados de concursos no fue más que una corrección a una disposición del interino Luis González Warcalde.

Cambios polémicos

Pero la modificación de la ley sugiere más aspectos polémicos que han puesto en alerta a los fiscales: mantiene la figura de "fiscal de distrito" (con el riesgo de los fiscales puedan perder el control de la investigación hacia arriba) y que las procuradurías -de alcance nacional- no requieran un pedido de colaboración de los eslabones más bajos de la cadena y puedan entrometerse en las causas a su cargo. Y que en los concursos se recortarán tres jurados para darle paso a uno del propio Ministerio de Justicia. Para acceder a cualquiera de los estamentos anteriores se deberá tener una antigüedad en el puesto de más de cinco años, lo que evita cualquier designación hecha por Gils Carbó, pero deja el artículo a merced de planteos de inconstitucionalidad. El tema de los traslados de fiscales sigue siendo problemático y pese a que ordena a que todos deban regresar a sus puestos originales en 48 horas, párrafo mediante vuelve a establecer la posibilidad de que el procurador los mueva si es necesario.

Por todo esto, el sector que lidera Elisa Carrió se diferenció de Cambiemos para dar a entender que toda la ley es coyuntural y corre el riesgo de ser impugnada por inconstitucional. El recorrido puede obligar al Gobierno a gastar energía y tiempo con un resultado incierto que o bien podría pasar la prueba en diputados y dormir con media sanción en el Senado, o sería modificado por la Cámara alta y allí debería volver a pasar por Diputados, con plazos cada vez más exiguos y en medio de un año electoral.