Diputados interroga el miércoles a Aníbal F.

Aníbal Fernández participó sábado y domingo del operativo para tranquilizar ánimos tras la internación de Néstor Kirchner. El miércoles lo esperan cientos de preguntas en Diputados.

Inflación, obras públicas, crecimiento del gasto, ley de medios y hasta el Presupuesto nacional están en la lista de preguntas que el miércoles Aníbal Fernández deberá responder en Diputados en su informe bimensual ante esa Cámara. El ministro llegará al recinto en un momento en que la oposición entró en guerra, una vez más, con el kirchnerismo por la negativa hace una semana de discutir un nuevo giro a comisiones para el proyecto oficial que intenta controlar la producción y distribución del papel para diarios. Pero entre los cientos de preguntas habrá también temas espinosos para las relaciones internacionales, como el trabajo en la Casa Rosada que realiza la esposa de un terrorista chileno sobre el que el Gobierno de Sebastián Piñera tiene un pedido de extradición.

La última vez que el ministro visitó el Congreso fue el 2 de junio pasado, cuando presentó su informe ante el Senado. Ese día se estableció una nueva metodología: los senadores preguntaban y el ministro respondía después de una breve introducción.

Ese procedimiento reemplazó al reglamento que regía hasta ahora en ambas Cámaras por el cual el jefe de Gabinete realizaba una amplia presentación respondiendo en parte a los cientos de preguntas que los legisladores le hacían llegar de antemano y luego escuchaba los discursos de cada senador, respondiendo en una alocución final.

Pero a pesar de haberse recreado ese día un ambiente mucho más civilizado que en ocasiones anteriores, hubo fuertes cruces con los senadores.

Ahora, Aníbal F. deberá reencontrarse en el recinto de Diputados con algunos de esos problemas. Por ejemplo, ese mismo día ingresará el proyecto de Presupuesto nacional 2011 que la oposición comenzó a rechazar aun antes de conocerlo. No se trata de un ejercicio de histeria: las proyecciones de inflación y crecimiento que se filtraron antes de su llegada al Congreso bastan para saber que esos número no podrían ser ratificados por la oposición. Menos cuando, de aprobarse, volverían a garantizarle al Gobierno exedentes de recaudación por afuera de la autorización presupuestaria que hasta serían superiores a los casi $ 55.000 millones que ya se registraron en 2010.

El tema inflación se llevará buena parte de su presentación. En junio le dijo al Senado, en medio de una tormenta de críticas a Guillermo Moreno y su manejo en la manipulación de estadísticas en el INDEC: «El cumple órdenes de la Presidente. No hay ningún secretario que haga lo que se le antoja». De esa forma levantó las culpas del funcionario y las cargó sobre Cristina de Kirchner.

La mendocina Laura Montero insistió sobre el tema y Aníbal F. cerró: «Yo no voy a hablar de ningún secretario de Estado».

En Diputados no sólo se encontrará con los cuestionamientos al INDEC, el Presupuesto nacional, el plan de obras públicas o a la modificación en el Banco Central del plan financiero para este año. Allí corre por los despachos un proyecto que firmó casi toda la oposición (Enrique Thomas, Felipe Solá y Natalia Gambaro del Peronismo Federal, Patricia Bullrich de la Coalición Cívica, Paula Bertol del PRO y Rubén Lanceta por el radicalismo) para «regular la interpelación al jefe de Gabinete de Ministros a los efectos del tratamiento de una moción de censura y/o de su remoción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 101 de la Constitución nacional». Allí se quiere modificar el procedimiento y el número requerido para votar una moción de censura estableciendo que «el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Nación será suficiente para censurar al jefe de Gabinete de Ministros» y hasta contiene una sanción: «en caso de incomparecencia del jefe de Gabinete de Ministros, la Cámara interpelante, luego de votar favorablemente la moción de censura, podrá, en la misma sesión, pedir la remoción del funcionario».

También aparecerán cuestiones que hoy no están en la agenda central pero que complican la relación con Chile. Los radicales quieren conocer el estado del pedido de extradición que hizo el Gobierno chileno contra Galvarino Apablaza Guerra, un ciudadano de ese país que fue detenido en 2004 y pidió asilo político.

El Gobierno chileno lo acusa de haber integrado el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y participado en el asesinato del senador de derecha Jaime Guzmán en 1991 y del secuestro del empresario Cristian Edwards.

El Gobierno ya informó que no responderá a ese pedido de extradición hasta que la Corte Suprema no se expida. Pero la relación con Chile se complicó con la confirmación, por parte de Aníbal Fernández, de que la esposa de Apablaza trabaja en la Casa Rosada como traductora desde el año 2005. Por esas declaraciones, según la UCR, se lo presionará en el recinto por una respuesta.