Diputados revive la ley de bancos y control de lavado

Carlos Heller

A pesar de las demoras y las reuniones de la Comisión de Finanzas suspendidas, como la de la semana pasada, a la cual habían sido invitados todos los representantes de bancos, los diputados de la oposición quieren emitir dentro de una semana los despachos de los proyectos de reforma a la ley de entidades financieras y antilavado. Los dos temas están en discusión en Finanzas y desde hace una semana los asesores del PRO y el GEN comenzaron a negociar acercamientos para llegar a un texto en común. Por otro lado sigue su camino el proyecto de Carlos Heller, a pesar de que el Gobierno ya perdió interés en el tema. De todas formas, parece imposible que las dos leyes terminen de votarse este año, cuando falta poco más de un mes para que termine el período de sesiones ordinarias y el Gobierno claramente no habilitará los temas para extraordinarias.

La idea es apurar los dictámenes de los dos proyectos, sobre todo frente a las advertencias del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre la falta de herramientas para combatir el lavado en el país. Desde el PRO se trabaja en la inclusión del tipo penal para la figura del lavador de dinero, el máximo escollo técnico legal que siempre tuvo ese debate, sin contar la deuda pendiente que quedó con la tipificación del financiamiento al terrorismo cuando se sancionó la ley de lavado anterior.

En cuanto a la ley de entidades financieras, el macrismo sigue adelante consensuando su proyecto que, entre otros puntos, propone un régimen de bancarización forzada con dos años de plazo, similar al que se sancionó en España, dentro de un proyecto de 150 artículos.

La iniciativa que presentó el oficialismo crea una garantía estatal obligatoria de los depósitos de $ 100.000. Dispone que el Banco Central estará encargado de vigilar que ninguna entidad privada supere una participación del 8% en el conjunto del sistema, tanto de depósitos como de préstamos. Ese tope no modifica el esquema actual, pero intenta evitar que el sistema avance a una mayor concentración.

Se crea la Defensoría del Usuario de Servicios Financieros en el BCRA y un departamento de atención al usuario en cada banco.

En materia de créditos, el proyecto le encarga al BCRA establecer un listado de «servicios esenciales» que los bancos deberán ofrecer a los sectores sociales de menores ingresos sin costo o con un nivel mínimo de comisiones.

Distribución

Además, avanza con más controles: las entidades financieras deberán destinar en forma directa o indirecta a las micro, pequeñas y medianas empresas no menos del 38% del total de su financiamiento al sector privado y un 2% a los microemprendimientos.

Ese mismo proyecto establece las tasas de interés máximas para préstamos a microempresas y pymes, y para los créditos personales de hasta $ 100 mil pesos no podrán superar en más del 5% una tasa promedio ponderada del sistema financiero para ese segmento.

Además, se fijan límites a la explotación de empresas no financieras y se anula la posibilidad de que los bancos puedan tener participación accionaria en otras entidades similares.

El tercer proyecto en pugna es el presentado por Gerardo Milman, del GEN. Esa iniciativa sobre «relaciones financieras y garantías al usuario de créditos y depósitos» incorpora «derechos a los clientes bancarios que promuevan y preserven el crecimiento del crédito y la actividad financiera, además del establecimiento y la incorporación de bancos especializados en microcréditos orientados a promover el desarrollo productivo regional».