Dos aliados para la Argentina: bonistas y Gobierno de EE.UU.

El Gobierno tendrá como aliados a tenedores de bonos que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010 y seguramente al Tesoro de Estados Unidos en su defensa en los tribunales de primera y segunda instancia competentes en su apelación ante la Corte Suprema de Justicia de dicho país. Ambos tienen intereses en que se respete la postura argentina.

En el primer caso, para evitar que los embargos a favor de los fondos buitre los perjudiquen en cuanto a no perder sus acreencias. De hecho, abogados de dichos tenedores se han presentado ante los tribunales para defender la postura argentina alegando que la interpretación de la cláusula no es la correcta. Y en el segundo porque la confirmación de los embargos pone en peligro otras reestructuraciones así como el sistema de liquidación de transacciones financieras en la plaza de Nueva York. El Tesoro ha presentado un informe (amicus brief) en favor de Argentina y se espera que siga apoyando mediante presentaciones judiciales.

Como es público, existe mucha tensión y expectativa en la comunidad de inversores que ingresaron a los canjes por los posibles resultados de la actual trama legal ante los tribunales de Nueva York. Es que una eventual aplicación de las sentencias del juez Thomas Griesa y de la Cámara de Apelaciones superior a dicho magistrado pondría al Gobierno ante una disyuntiva significativa: si sólo paga los bonos reestructurados usando los actuales canales de pago (The Bank of New York y distintos bancos intermediarios) el dinero no alcanzaría ya que Griesa separaría una parte para los denominados fondos buitre. La posibilidad de usar los canales de pago de Estados Unidos y evitar el embargo no se desprende de los dichos de Griesa, quién en la última audiencia afirmó que su orden, confirmada por el tribunal de segunda instancia, se aplicaba también a los bancos intermediarios, broker-dealers y custodios de Estados Unidos que participen en el sistema de pago a favor de los tenedores de bonos reestructurados. Un contra-argumento, pero que no está siendo discutido en el contexto de las sentencias, es que cuando el dinero ingresa a las cuentas de los sub-agentes de pago, ese dinero no es de Argentina sino de los tenedores de bonos reestructurados y por lo tanto no debería embargarse. Pero el mismo contrato de fideicomiso con el Bank of New York dice que Argentina sólo queda liberada de su obligación de pago cuando el dinero se encuentra depositado en las cuentas de los Tenedores (directamente o via sus custodios). Es decir que hay una secuencia temporal en la cual en algún momento el dinero aún no es de los tenedores y ese es un punto débil frente a Griesa. Este es un tema de una discusión jurídica importante y delicada, pero que no está siendo discutido en los fallos y audiencias.

Asimismo, en caso de pagar sumas adicionales aceptaría la petición de los fondos buitre sin sentencia firme (lo que violaría la ley cerrojo pero más importante los términos de los bonos reestructurados) entonces se tendría que mejorar las condiciones de éstos últimos, algo impensable a nivel político y fiscal seguramente.

Y si usa otros mecanismos de pago, básicamente sin usar a Bank of New York sin consentimiento de los tenedores de bono, incurriría en default técnico y de pago. Se da la paradoja que cumplir el contrato con el agente de pago pone en riesgo a los beneficiarios de dicho contrato, es decir los tenedores de bonos reestructurados. Hay que recordar que el cobro en Nueva York y Europa (Bélgica) es una imposición de los mercados internacionales a los deudores soberanos para evitar correr el riesgo de controles cambiarios locales. Por eso es que nunca se pacta como lugar de pago la jurisdicción de los países emisores de deuda.

También se debe tener en cuenta que de acuerdo con los fallos, el «stock» a pagar es aproximadamente de u$s 1.330 millones, dentro del cual se encuentra el capital mas intereses, ambos casos conforme los términos de los bonos en default y el juez ha dicho que no es relevante el porcentaje de aceptación del canje con respecto al respeto del derecho individual de cada tenedor de los bonos originales de cobrar conforme a los términos de los mismos, y que por ello la fórmula de pago de Griesa estará basada en dicho «stock» de endeudamiento exigible.

Es decir, al no existir en los bonos originales las denominadas cláusulas de acción colectiva (que permiten modificar las condiciones de pago con un porcentaje usualmente de 75 a 85 por ciento), los acuerdos con la mayoría no pueden imponerse a las minorías. Por eso los fondos buitre actúan tanto contra Argentina. Pero de todos modos dichas cláusulas tampoco erradican el riesgo de la existencia de fondos buitre dado que los mismos pueden comprar un porcentaje superior al 15 o 25 por ciento de determinadas series y bloquear la obtención de mayorías para reestructurar.

El Gobierno ha apelado las resoluciones de Griesa y de la Cámara de Apelaciones como mejor camino de defensa y buscar que dichas apelaciones tengan lo que se denomina «efecto suspensivo», es decir que todo se mantenga sin vigencia hasta que exista sentencia definitiva y firme. En este caso, de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, pero para ello se requiere que dicho tribunal tome el caso. Por la significatividad de la discusión legal, la corte debería tomar el caso, pero es difícil hacer pronósticos al respecto. De no tomarlo, la sentencia quedaría firme en estas semanas. Con el problema adicional que Griesa, según se desprende de sus fallos y afirmaciones en las audiencias, quiere apurar todo para diciembre, donde existen tres pagos previstos a favor de los tenedores de bonos reestructurados y por ello es posible que tanto dicho juez como la cámara de apelaciones otorguen la apelación pero al mismo tiempo ordenen el cumplimiento de las sentencias, frente a lo que los abogados de Argentina han dicho que ese apuro no es necesario ya que existen otros pagos durante 2013.

(*) Miembro del Estudio Garrido