Dos policías fueron al calabozo por pinchar teléfono a un familiar AMIA

Carlos Ávila, Norberto Oyarbide

El juez federal Norberto Oyarbide ordenó ayer la detención del ahora ex jefe de la División Homicidios de la Policía de la provincia de Misiones, Raúl Rojas, y del ex auxiliar de Inteligencia, Diego Gastón Guarda, quienes fueron trasladados a Buenos Aires y serán hoy indagados por el magistrado, por el caso que investiga la intervención del teléfono de Sergio Burstein, integrante de la Asociación de Familiares del Atentado a la AMIA, en una causa «armada».

Los dos agentes, relevados esta semana de sus cargos por el Gobierno de Misiones, podrían estar vinculados con el ex policía y abogado, Ciro Gerardo James, quien fue detenido el lunes pasado por haber sido quien retirara las escuchas de Burstein de la SIDE y las llevara a Misiones, mientras estaba de licencia y ya había solicitado la baja en la Policía Federal.

Según la declaración testimonial que se le tomó a Guarda en Misiones, James habría sido además quien diera el dato de los celulares de Burstein y el empresario Carlos Ávila, en tanto, supuestos implicados en la causa que investiga a una supuesta banda de narcotraficantes y el asesinato del contador José María Piccoli, ocurrido en 2005. Esta afirmación fue negada por James, quien aseguró que sólo había llevado los 400 casetes, según calculan, a Misiones, como una «atención» a la Policía de esa provincia, para acelerar los trámites.

Las indagatorias del comisario y auxiliar misioneros aclararán esta contradicción, así como numerosos puntos oscuros en la causa, como la cantidad de casetes que tiene el juzgado de Misiones, con grabaciones de Burstein y Ávila, y si fueron escuchados o no. Mientras Guarda señaló que no había escuchado los casetes (que declaró tener en su casa), al mismo tiempo el juzgado notificaba en la causa que no se había escuchado conversación «de interés» para la investigación.

A estas afirmaciones se suma ahora una nueva contradicción de la Justicia misionera: aseguró en una notificación a Oyarbide que no podía enviarle los casetes requeridos porque todavía no los había escuchado, e «invitó» al juez a que se presente el próximo viernes 16 de octubre en el juzgado de instrucción Nº 1 de esa provincia para escucharlos.

La respuesta de Oyarbide fue tajante y contundente: les remitió una cédula con la confirmación de la empresa Nextel de que el celular intervenido era el de Burstein. En este sentido, en el juzgado deslizaron su irritación por la falta de disposición del juzgado misionero para cooperar.

El grado de participación de los dos jueces que solicitaron las escuchas, Horacio Gallardo (en La Plata, de licencia por enfermedad) y el subrogante, José Luis Rey, es otro de los interrogantes de la investigación. Lo que sí está claro es que en ningún momento el juzgado identificó (o no quiso identificar) a los titulares de los tres teléfonos intervenidos en esa causa. Además de los números de Burstein y Ávila, se realizaron escuchas sobre un tercer teléfono de línea, perteneciente a la zona de Ezeiza y del que todavía no se tiene el nombre del titular.

Otro de los puntos comprobados es que James efectivamente entregó un material al auxiliar misionero Guarda, ya que en el allanamiento a su domicilio y estudio que se realizó el miércoles a la noche se encontraron dos remitos, firmados por ambos.

También se secuestraron tres valijas con tecnología de espionaje para captar imágenes y rastrear llamados, lo que reafirmaría la hipótesis de que James era un policía dedicado principalmente a tareas de inteligencia. La Policía obtuvo además el CPU de la computadora del abogado.

Pero lo más resonante que se encontró durante el allanamiento fue un contrato por $ 57 mil, firmado por James y el titular de la Dirección General de Personal Docente y no Docente de la ciudad, Carlos Lelio (ver nota aparte).

Una de las líneas de investigación en la pesquisa de Oyarbide indaga sobre la relación entre el detenido y el ex jefe de la Policía metropolitana, Jorge «Fino» Palacios, procesado por el juez Ariel Lijo la semana pasada por las presuntas irregularidades de la investigación del atentado a la AMIA. La presentación que inició la pesquisa de Oyarbide fue justamente un hábeas corpus de Burstein, en el que denunciaba la recepción de un llamado anónimo en el que se le advertía que Palacios los habría estado espiando. El número de Burstein, cuya intervención de confirmó era el que utilizaba exclusivamente para hablar sobre temas relacionados con la causa AMIA, con el fiscal del caso, Alberto Nisman.

En cuanto a Ávila, la hipótesis apuntaría a querer obtener información sobre el contrato firmado entre el Gobierno y la AFA para la trasmisión de partidos de fútbol (el empresario es el dueño de Torneos y Competencias, cuyo contrato fue rescindido), pero el juzgado apenas ha confirmado la intervención del celular. Lo más probable es que hoy el fiscal de la causa, Jorge Di Lello, requiera medidas sobre este aspecto de la causa.