Duplican dietas de legisladores puntanos

San Luis - La Cámara de Diputados de la provincia de San Luis convirtió ayer en ley el proyecto que duplica la dieta de senadores y diputados y consiste en el pago de 12 módulos de $ 18.000 (salario bruto de un legislador), para destinarlo a los gastos operativos de cada legislador puntano.

El principal argumento del proyecto, que fue aprobado por 41 votos positivos y uno negativo, es que con el aumento de las dietas, los legisladores deben pagarles a sus empleados políticos y costear gastos en insumos, como puede ser la telefonía y asesores.

Asimismo, la norma establece una nueva estructura organizativa, distinguiendo cargos políticos transitorios sin estabilidad de los permanentes con estabilidad.

El proyecto fue aprobado en Senadores el 30 de noviembre último y con la nueva sanción será remitido al Ejecutivo, ahora a cargo de Claudio Poggi, para su aprobación y promulgación.

En la discusión parlamentaria, quienes votaron a favor argumentaron la necesidad de achicar el Estado provincial y contar con la responsabilidad de asumir los gastos de gestión contratando a quienes realmente necesiten como asesores en su tarea. El voto negativo del radical Fidel Haddad, en cambio, sostuvo que la herramienta «sólo servirá para generar mayor corrupción en la política provincial».

La aprobación de la ley fue resistida por los empleados de la Legislatura puntana, que veían peligrar la estabilidad laboral lograda en ambas cámaras.

Por eso, la norma establece que se abrirá un registro para que el personal de planta permanente o contratado que en forma voluntaria solicitaren cumplir funciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, sea remitido al Ministerio de Hacienda, y en caso de existir conformidad entre las partes, se celebrará el respectivo traspaso de dichos agentes, que deberá respetar los derechos laborales adquiridos por éstos.

Por otra parte, y en su artículo 7º, establece que los legisladores asumirán el pago de las remuneraciones del personal que revista como personal político transitorio asegurando total desvinculación en la relación de dependencia laboral, salarial, previsional y fiscal con el Estado provincial.