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Edesur: presa de la incertidumbre judicial
Ayer mencionábamos que las marchas y contramarchas con el esquema tarifario, los innumerables recursos de amparo y la injustificable demora judicial frente a la gravedad de la situación (a hoy no está claro si la Corte Suprema fallaría por del derecho de propiedad -permitiendo al sector una rápida recuperación económica vía el incremento tarifario-, la política -poniendo en dudas la viabilidad de todo el sector-, o alguna alternativa intermedia -perjudicando a tirios y troyanos-), a lo que sumamos potenciales multas por una interrupción de servicios ante inusuales condiciones climáticas y cambios de consumo en la población, más el intríngulis sobre los mecanismos de refacturación (con potencial generación de créditos a los servicios ya pagados), hacía inconsistente cualquier análisis de los resultados contables para las empresas energéticas. Veinticuatro horas más tarde sólo podemos decir que la situación ha empeorado (¿cubrirá el estado con nuevos subsidios, los quebrantos inducidos a las empresas por la marcha atrás tarifaria?, ¿podrá el público hacerle frente al costo extra de
un eventual incremento retroactivo?, ¿cuánto tiempo se tomara el estado para hacer efectivos estos subsidios?, ¿podrán en el ínterin las empresas del sector afrontar los incrementos de salarios, gastos y costos?, etc.) hasta tornarse critica.
En las perspectivas de este segundo trimestre leemos: "Edesur confía en que las nuevas medidas dispuestas para las tarifas y la futura RTI permitirán recomponer la ecuación económico-financiera prevista en la ley y en el Contrato de Concesión..."; claramente, hasta ahora, vana confianza.
Golpeada por un incremento de 762 por ciento en los costos financieros, la empresa pierde en estos primeros seis meses $ 94.847.000 (ganaba $ 630 millones en 2015), como si este dato sirviera para la toma de decisiones.


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