10 de junio 2011 - 00:00

EE.UU., contra ilegales: escuelas denunciarán a sus alumnos en AlabamaEE.UU., contra ilegales: escuelas denunciarán a sus alumnos en Alabama

El gobernador republicano de Alabama, Robert Bentley, promulgó la ley más severa de los Estados Unidos contra los inmigrantes indocumentados. Asociaciones civiles anunciaron que plantearán una decidida ofensiva judicial para bloquearla.
El gobernador republicano de Alabama, Robert Bentley, promulgó la ley más severa de los Estados Unidos contra los inmigrantes indocumentados. Asociaciones civiles anunciaron que plantearán una decidida ofensiva judicial para bloquearla.
Birmingham, EE.UU. - El gobernador republicano Robert Bentley sancionó ayer una ley (HB-56) que persigue a los inmigrantes ilegales en Alabama, considerada tanto por sus defensores como por sus críticos la más dura en todo Estados Unidos. La medida exigirá a las escuelas públicas que determinen el estatus migratorio de sus estudiantes, un aspecto que no cubría una disposición similar de Arizona (SB1070), que el año pasado provocó un enorme revuelo en el país y fuertes protestas de México. De acuerdo con la nueva normativa, la Policía debe detener a todo aquel que no muestre la documentación reglamentaria si se sospecha que está en el país de forma ilegal.

También será un crimen transportar o refugiar a indocumentados (algo que con seguridad afectará a personas con familiares «sin papeles»), lo mismo que emplearlos. En ese último caso, se impondrán sanciones que van desde la suspensión hasta la revocación de la licencia de trabajo.

La medida, cuya vigencia está prevista a partir del 1 de septiembre, obliga a las empresas a usar una base de datos llamada E-Verify para confirmar el estatus de su personal.

«Tenemos un problema real con la inmigración ilegal en este país», afirmó Bentley después de promulgar la ley. «Yo defendí las leyes de inmigración más severas y estoy orgulloso de la Legislatura por haber trabajado incansablemente para crear la norma más fuerte del país», agregó.

La ley había sido aprobada la semana pasada en el Senado estadual por un margen de 25 a 7 días después de que lo hicieran los representantes (diputados), también por amplia mayoría. Ambas cámaras quedaron bajo control de los republicanos en noviembre de 2010, por primera vez en 136 años.

Ante el revuelo generado por la aprobación, la Casa Blanca reiteró ayer la necesidad de lograr una reforma migratoria exhaustiva. «Seguimos buscándola y creemos que se puede lograr un consenso entre los dos partidos para lograr esa reforma», indicó el vocero del Gobierno de Barack Obama, Jay Carney.

Cuando era candidato en 2008, el actual presidente hizo de la reforma migratoria una de sus principales banderas de campaña, lo que le garantizó el vital voto inmigrante. A un año del fin de su mandato, y cuando comienza su búsqueda de la reelección, Obama retomó el tema y prometió insertarlo en la agenda legislativa nacional, pero aún no ha tenido éxito. Se calcula que hay alrededor de 12 millones de inmigrantes indocumentados en EE.UU., la mayoría procedentes de México. La ley de Alabama se distingue del resto por el requisito de que las escuelas públicas determinen, a través de la revisión de certificados de nacimiento o declaraciones juradas, el estatus de «legalidad» de sus estudiantes. «Tememos que, en efecto, esto restringirá a los estudiantes por miedo o acoso», dijo Shay Farley, directora legal de Alabama Appleseed, una organización sin fines de lucro de defensa de la comunidad. Por su parte, la directora del departamento legal del Southern Poverty Law Center, Mary Bauer, sostuvo que espera interponer una demanda antes de que la ley entre en vigencia el 1 de septiembre. «Es claramente inconstitucional. Es rastrera, racista y creo que una corte la invalidará», aseveró.

Pero habrá obstáculos. El patrocinador de la norma en la Cámara de Representantes, el republicano Micky Hammon, explicó que fue redactada de tal forma que si alguna de sus partes es considerada inconstitucional o que viola la ley federal, el resto permanecerá vigente.

La legislación de Alabama es más dura que la aprobada el año pasado en Arizona, donde un juez federal suspendió algunas de sus cláusulas tras una demanda del Departamento de Justicia.

Un juez federal de Apelaciones refrendó el fallo y la gobernadora Jan Brewer prometió apelar ante la Corte Suprema. Georgia aprobó igualmente este año una ley (HB 87) para combatir a los indocumentados, y los grupos activistas de los derechos civiles iniciaron una demanda para intentar derogarla.

Agencias Reuters, EFE y ANSA, y Ámbito Financiero