Se convirtió en el funcionario chavista de más alto rango en ser castigado por narcotráfico. Le congelarán las cuentas.
ACUSADO. Tareck el Aissami, vicepresidente de Venezuela.
Washington - Estados Unidos impuso sanciones financieras al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, oficialmente designándolo como narcotraficante, informó ayer el Departamento del Tesoro en un comunicado.
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El Aissami, un influyente dirigente del partido oficialista en el país petrolero y designado vicepresidente por el presidente Nicolás Maduro el 4 de enero, fue incluido en una lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos estadounidense (OFAC) una oficina del Departamento del Tesoro estadounidense. Así, el vicepresidente se convirtió en el funcionario chavista de más alto rango castigado hasta la fecha por el Gobierno estadounidense.
Un socio de El Aissami, el empresario Samark José López Bello, también fue incluido en las sanciones, las cuales congelan los bienes que ambos pudieran tener en Estados Unidos y prohíbe a cualquier ciudadano o compañía estadounidense a hacer negocios con cualquiera de los acusados. "Las acciones de la OFAC son la culminación de una investigación de varios años contra los importantes traficantes de narcóticos en Venezuela y demuestra que el poder y la influencia no protege a aquellos que realizan estas actividades ilegales", dijo su director interino, John Smith, según el texto Departamento del Tesoro.
El Aissami, que fue gobernador del estado Aragua y ministro del Interior, "facilitó los cargamentos de drogas desde Venezuela", detalló, señalando que el funcionario "supervisó o fue dueño parcial" de cargamentos de más de 1.000 kilogramos de droga, que salieron de Venezuela con destinos como México y EE.UU.". El vicepresidente recibió pagos del narcotraficante venezolano Walid Makled y también tenía lazos con el violento cartel mexicano Los Zetas.
Las sanciones de ayer se suman a las emitidas por el Gobierno de Barack Obama en 2015 en base a una ley aprobada por el Congreso, de mayoría republicana, que autorizaba la penalización de altos funcionarios venezolanos, recordó El País. En esa ocasión, la Casa Blanca utilizó las disposiciones para castigar a siete dirigentes chavistas, de las áreas de seguridad y justicia, por su participación en la represión de las protestas antigubernamentales y por la "erosión de los derechos humanos" en Venezuela.
