A pedido de Casa Rosada, la Comisión de Legislación General dio ayer inicio al debate del proyecto enviado por Mauricio Macri que activará la posibilidad de reconversión de empresas privadas en las denominadas "Sociedades de Interés y Beneficio Colectivo" (IBC), más conocidas como de "triple impacto".
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El Ejecutivo argumenta que se protegerá "a los administradores de las sociedades comerciales que tienen en miras el interés social frente a acciones o reclamos que pudieran sufrir por decisiones que, si bien pueden generar un beneficio a la comunidad, no persiguen necesariamente la maximización de ganancias de sus accionistas como fin único". Es decir, capitalismo culposo.
La iniciativa presentada en agosto de 2016 -pero enviada al Congreso en noviembre pasado- busca, en otro argumento esgrimido, la obligatoriedad de "dotar al administrador de cierto resguardo, pero a la vez ampliar sus deberes considerando que deberá tomar en cuenta los efectos de sus acciones u omisiones respecto de los socios, los empleados actuales y, en general, la fuerza de trabajo de la empresa, las comunidades con las que se vincule, el ambiente local y global, las expectativas a largo plazo de los socios y de la sociedad". Además, a los socios que no estén de acuerdo se les otorgará el "derecho de receso".
Los administradores deberán "confeccionar un Reporte Anual mediante el cual acrediten las acciones llevadas a cabo tendientes al cumplimiento del impacto positivo social y ambiental -junto al económico, el triple impacto de las IBC- previsto en su estatuto".
Ese reporte será "auditado por un profesional independiente matriculado especializado", y tendrá que ser público y presentado "dentro un plazo máximo de seis meses desde el cierre de cada ejercicio anual".
Para el Gobierno, las empresas deben "tener la capacidad de abordar las problemáticas a resolver desde una mirada integral, sin dejar de dirigir sus acciones al logro económico, pero tomando en cuenta el desafío de la sostenibilidad, lo que implica un doble reto", ya que "allí se encuentra la gran innovación y las externalidades positivas para la sociedad".
El proyecto lleva las firmas del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Producción, Francisco Cabrera, quien mandará en los próximos días la ley de "compre nacional" que adelantó semanas atrás Ámbito Financiero.
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