El 30-O comienza juicio oral a L. Báez por lavado de dinero

El 30 de octubre próximo comenzará el juicio oral y público contra el empresario Lázaro Báez, sus cuatro hijos, Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar, entre otros imputados, en el marco de la causa por lavado de dinero por la que recientemente fue citada a indagatoria la expresidenta Cristina de Kirchner el 18 de septiembre. La decisión fue adoptada luego de que la Cámara Federal, con el voto de los jueces Martín Irurzun y Mariano Llorens, le ordenó al juez indagar a la exmandataria en esa causa pese a que ya había sido elevada a juicio el tramo principal. El Tribunal Oral Federal N°4 fijó para el 30 del mes próximo a las 9:30 el inicio del juicio, con una audiencia preliminar y preparatoria el 9 de octubre. Hay 25 acusados entre todos los integrantes del entorno del extitular de Austral Construcciones que para el juez Sebastián Casanello lavó u$s60 millones en diversas operaciones que tenían como beneficiarios finales a sus hijos y dinero que fue reinyectado en el país a través de la compra de bonos soberanos. También se analizan diversas operaciones de estructuración a través de la financiera SGI, que pertenecía a Elaskar. En ese marco, el TOF 4 rechazó el cese de la prisión preventiva y la prorrogó por un año más al acusado Jorge Chueco, abogado de Báez. En su momento, la Cámara Federal había considerado probada la operatoria de lavado a partir de la creación de distintas sociedades y cuentas bancarias en el exterior. Según los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, lograron esa finalidad a través de la adquisición de bienes por un valor de más de dos mil setecientos treinta y cuatro millones de pesos, equivalentes a unos ciento ochenta y seis millones de dólares. Allí se sostuvo que el origen ilegítimo de los fondos se encontraba suficientemente probado por los procesamientos respecto de la expresidenta, y otros exfuncionarios y de Lázaro Báez, por haber conformado una estructura paralela al poder estatal para desviar dinero público en favor de su grupo a través de la asignación irregular de obra pública vial a las empresas de Báez entre los años 2003 y 2015.