El costo que puede tener el contagio del fallo por el gas

La situación fiscal de la Argentina se ha transformado en la principal preocupación de analistas de mercados. Por el momento, la cotización de los títulos públicos no refleja esa duda. Esto porque este año y el próximo el Gobierno puede cubrir el rojo fiscal. El economista Nicolás Dujovne, a través del sitio de internet de su consultora, dio a conocer un informe puntilloso sobre el costo fiscal del fallo de la Corte por el gas, y más importante, hasta cuánto puede llegar si se extiende a electricidad.

Nicolás Dujovne

• Desde el abandono del régimen de convertibilidad del peso las tarifas de los servicios públicos fueron utilizadas como una herramienta para mantener anclado el incremento del nivel general de precios. Esta situación se prolongó durante 13 años. Incentivos equivocados provocaron un boom de demanda de gas y una caída en la oferta. Populismo clásico.

• El aumento tarifario que se intentó implementar en abril de este año tuvo dos componentes. Por un lado se incrementó el precio que paga la demanda (excluyendo al sector industrial) por el gas, y por el otro se aumentó el precio del transporte y la distribución. La primera parte del aumento estaba destinada a reducir el gasto del Gobierno en subsidiar el gas importado, trasladando parte de ese costo a los usuarios, y a la vez elevar el precio a los productores locales, aumentando los incentivos a explorar y producir gas.

• La aplicación del fallo de la Corte tal y como fue dictado significará que el precio que paga por el gas el sector residencial será igual al del año pasado (el aumento sólo se verificaría a partir de octubre), lo que implicaría que los subsidios al sector ascenderían hasta u$s1.800 millones este año y los subsidios totales al gas sumarían u$s2.700 millones (0,5% del PBI). Entonces, la aplicación de la sentencia le costará al Gobierno unos u$s700 millones (0,2% del PBI) adicionales con respecto a lo que tenía previsto. Sin embargo, si los litigios se extendiesen hasta el sector comercial y las usinas generadoras de energía eléctrica, el costo fiscal aumentaría en u$s150 millones y u$s600 millones, respectivamente. De este modo, si todos los sectores pudieran ampararse bajo el fallo de la Corte, los subsidios al gas alcanzarían unos u$s3.500 millones (0,6% del PBI), es decir u$s1.500 millones (0,3% del PBI) más de lo que preveía el Gobierno. Además de la posibilidad de que la sentencia de la Corte alcance a sectores de la demanda adicionales, no hay que descartar la posibilidad de que el fallo se propague hacia los subsidios a la energía eléctrica, suspendiendo también aquel aumento tarifario. En este caso el costo para el Gobierno sería de unos u$s3.400 millones (0,6% del PBI) adicionales.

• Como también quedaron suspendidos los aumentos a la distribución, es probable que el Gobierno deba proveer una asistencia de emergencia a las empresas distribuidoras de gas. En 2015 el auxilio del Gobierno a esas empresas totalizó unos $2.590 M. Si se asume que este año se les entregaría el mismo monto en términos reales, significaría una erogación de $3.700 M, equivalentes a u$s250 M adicionales. Entonces, el dictamen de la Corte tiene como alcance inicial un costo fiscal de u$s700 M. Sin embargo, en el caso de que se sumaran sucesivos reveses judiciales el costo podría terminar ampliándose a más de u$s5.000 M. Este caso, si bien extremo, pondría en serios aprietos el programa financiero del Gobierno y probablemente tendría como contrapartida recortes presupuestarios en otras áreas.